La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), Mónica González, de 'Sí se Puede Puerto Real' (SSPPR), ha asegurado que es una "víctima" del 'caso Eurowork', por el que está imputada en un proceso abierto en la Audiencia Nacional, y ha supeditado su continuidad como edil a lo que decidan las asambleas.
En rueda de prensa, González ha querido "dejar claro" que es una "víctima de este proceso", ya que ha explicado que "de lo único que puedo sentirme culpable es de haber terminado la carrera de Derecho e ilusionare por un máster de extranjería en el que podía ayudar a los inmigrantes a venir a España regularmente".
Así, ha añadido que trabajó en eso "con mucha ilusión" y confió en una persona que le "presentó un proyecto con su estudio financiero y socios americanos que vinieron a España", pero, según ha indicado, resultó ser "un estafador profesional".
González ha afirmado que la "engañaron" y, tras manifestar sentirse "muy tranquila por la celebración del juicio", ha asegurado que por su parte "evidentemente no hay apropiación del dinero de los pobres inmigrantes".
En este sentido, ha explicado que el "engaño" sufrido incluso le ha acarreado problemas económicos, ya que su propia familia "ha sufrido mucho porque ha tenido que abordar todas las deudas que nos dejó como empresa este hombre, teniendo que pagar incluso coche sin tener carnet de conducir y multas de tráfico de este hombre".
A LA ESPERA DE JUICIO
La edil ha explicado que el juicio, "donde el fiscal entendió que no había mala fe, ni dolo, ni apropiación indebida" por su parte, "porque estaban allí mis expedientes y mis cuentas", ya debió celebrarse hace un tiempo, pero el propio fiscal lo paralizó al no encontrarse presente uno de los acusados. Ahora, está a la espera de una nueva fecha para la celebración de la vista oral.
Así, ha insistido en que "con la causa como está, con todo instruido, se podía haber celebrado el juicio, pero no se celebró porque el fiscal no tenía nada al no estar presente ese hombre, no se dan elementos del tipo penal y no hay estafa" por su parte (la de la edil).
En cuanto a su situación actual como concejala, González ha señalado que entiende lo que dice el programa ético de su formación y ha indicado que "firmé una carta con mi renuncia desde el primer día poniendo siempre de la mano de nuestras asambleas esa decisión, con base siempre a una imputación por la apropiación o la estafa en el ejercicio de un cargo público, y yo lo que he cometido es el error de confiar en una persona cuando acabé la carrera y hace diez años".
Por tanto, según ha señalado la concejal de Hacienda, pone su continuidad como representante público a lo que decidan las asambleas.
LINCHAMIENTO
Por su parte, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (SSPPR), tras indicar que la situación era conocida por él, ha lamentado las "consecuencias mediáticas y políticas" y ha añadido que "ahora estamos mirados con lupa y es fácil entrar en un linchamiento público por una situación que si se hubiera resuelto cuando debía, porque un tío se da a la fuga y hubo una decisión judicial de no continuar, esto no estaría ocurriendo".
Para Romero, "está claro que González es una víctima de todo esto, lo cual le ha llevado mucho sufrimiento" y ha subrayado que entonces "no era cargo público, no hubo dinero público que se pudiese llevar", por lo que a su juicio, "no incumple nuestro código ético porque no ha habido ningún enriquecimiento personal, más bien al contrario".
Así, se ha quejado de que "ahora nos tenemos que preocupar por el tema mediático, las miserias de la política" y ha lamentado que "ayer garantizamos el suministro de agua para todos los ciudadanos, pero eso no tiene importancia, sino que hace diez años te timaron".
En este sentido, Romero ha incidido en que "la verdadera preocupación tendría que ser la judicial, pero esa no es la preocupación, sino que estamos sufriendo por las consecuencias mediáticas y políticas".
Asimismo, ha alabado que González "no se ha escondido ni se sigue escondiendo" y ha asegurado que "va a contar con nuestro apoyo y no va a pasar nada".
CASO EUROWORK
Según la información recopilada por Europa Press, la Guardia Civil y la Policía de Tailandia detuvieron en octubre de 2014 en este país a Luis B.V., de 54 años y nacionalidad española, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por la Audiencia Nacional por estafar a inmigrantes. En Tailandia, el detenido se hacía pasar por un famoso chef y maestro cervecero.
A Luis B.V. le buscaba el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, dirigido por Javier Gómez Bermúdez por delitos de estafa y asociación para delinquir.
Era el máximo responsable de la empresa Eurowork Global S.A, creada para llevar a cabo sus estafas, que ascendieron a 2,5 millones de euros. Sus víctimas fueron más de 5.000 ciudadanos de diversos países sudamericanos (Perú, Honduras, Ecuador, Colombia, México), a los que cobraba unos 450 euros con la falsa promesa de obtener a cambio visados y trabajo en España.
Tras la investigación sobre el fugado desarrollada por el equipo de la Guardia Civil contra Huidos de la Justicia, se supo que el huido, provisto de documentación falsa mexicana, podía encontrarse residiendo en Tailandia en compañía de una mujer de nacionalidad hondureña y se trasladó la información a la policía de ese país. Realizadas gestiones en Tailandia, se le localizó en el Aeropuerto Don Mueng de Bangkok en un vuelo procedente de Camboya.
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