La Ley de Prescripción fija un plazo determinado para emprender acciones legales. En la estela de sus compromisos electorales, el Gobierno ha anunciado la publicación de un proyecto de ley que modifica la Ley de Prescripción en las siguientes circunstancias:
· Causas por maltrato de menores bajo la custodia del Estado: el Gobierno se ha comprometido a no aplicar el plazo legal para las causas contra la Corona.
· Del mismo modo, el Gobierno ha suspendido el plazo límite en caso de mesotelioma presuntamente causado por la exposición al amianto mientras la persona fuera empleada de la Corona.
· Asimismo, la Ley de Prescripción se actualizará según la legislación británica en lo relativo a su aplicación en los casos de menores que sufran daños personales. Actualmente, en virtud de la Ley de Prescripción, el plazo límite para emprender acciones legales en caso de daños derivados de un accidente mientras el menor estuviera bajo la custodia de uno de los padres empieza a contar a partir de la fecha del incidente. Con los cambios propuestos, el plazo comenzará a contar a partir del momento en que se alcance la mayoría de edad.
Si bien esta última modificación no obedece a un compromiso electoral, se ha propuesto al considerar las dificultades que pueden entrañar los casos en que los padres decidan no reclamar y los menores decidan posteriormente emprender ellos mismos las acciones correspondientes.
La Ministra de Servicios Sociales, Samantha Sacramento, declaró: “Debe recordarse que la ley prescribe actualmente un plazo límite tras el cual no pueden iniciarse acciones judiciales. La modificación de la legislación tiene por objeto no aplicar dicho plazo límite en casos de abandono, maltrato físico u otro tipo de maltrato a menores bajo la custodia de la Corona en la fecha en la que naciera tal derecho o acción. El plazo límite tampoco se aplicará en los casos de mesotelioma que presuntamente se hayan producido por la exposición al amianto mientras la persona fuera empleada de la Corona. La ampliación general del plazo para emprender acciones en el caso de menores introduce un elemento de justicia que la legislación actual no brinda”.
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