La Junta sacó ayer pecho de su gestión durante las tres hojas que ha arrancado ya al calendario el Gobierno presidido por Susana Díaz. En esos cien días, la efeméride simbólica de ayer, el Ejecutivo autonómico presume de haber movilizado 971 millones de euros en iniciativas en beneficio de los ciudadanos y de haber dado impulso hasta a doce iniciativas legislativas. Ese balance triunfal trazado por el vicepresidente Jiménez Barrios en San Telmo se encargaron de rebajarlo desde el PP Juan Manuel Moreno, convencido de que el periodo sólo ha resucitado las “irregularidades y las investigaciones judiciales”, y la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, que con el veto aún en la memoria de la pinza PSOE-C’s a sus últimas propuestas tachaba el balance de “continuista y paralizante”.
Con la presidenta viajando a esa hora hacia Cataluña para arropar al PSC en la fase decisiva de la campaña electoral, al consejero de Presidencia y Administración Local le tocó pasar revista a la acción de gobierno de su Gabinete desde el 14 de junio. Por el listado de logros desfilaron iniciativas -“más de una por día”, recalcó Jiménez Barrios- en materia de empleo, de apoyo al tejido empresarial, de defensa de los servicios públicos universales o de freno al fantasma de los desahucios. Un “fuerte impulso legislativo” que, en palabras de quien fuera durante más de un mes presidente accidental, se traduce en “recuperar el tiempo perdido tras el bloqueo de la investidura”.
En las antípodas, el primer partido de la oposición parlamentaria dibujó la sombra de un Gobierno que sufre “parálisis” y carece de “programa y proyectos concretos”. Y eso, a juicio de Moreno Bonilla, lo evidencian, por ejemplo, un sector sanitario en retroceso o las caracolas que acogen a más de 8.000 escolares. Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, giró el objetivo del balance hacia la oposición, de la que aseguró que ha cumplido “cien días sin pena ni gloria”.
La Junta también ha dado luz verde a su 18º recurso ante el Constitucional contra leyes del Gobierno central desde que gobierna Mariano Rajoy. En este caso, protesta por la norma de pesas y medidas, la Ley de Metrología, porque cree que pretende privatizar el sector e invade sus competencias.
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