El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha señalado hoy que cree que la investigación abierta a su compañero de gabinete Antonio Ramírez no encontrará delito alguno, pero ha asumido que si resultara imputado, debería dimitir de su cargo.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una investigación contra el consejero de Economía y Conocimiento andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con una denuncia por una supuesta "adjudicación arbitraria" de un proyecto millonario desde la Universidad de Sevilla cuando era vicerrector de Infraestructuras de la misma.
De Llera, que ha acudido a la sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid para firmar un convenio con el presidente de este órgano y del Supremo, Carlos Lesmes, ha respondido a preguntas de los periodistas que está "convencido de que penalmente no hay nada" contra Ramírez.
"La fiscalía es muy libre de abrir una investigación, tiene competencias para hacer lo que le parezca y desde luego si hay una denuncia lo lógico es que el fiscal abra unas diligencias previas y vea qué hay ahí. Yo estoy convencido de que penalmente no hay nada, por la información que tengo. Ni siquiera una irregularidad administrativa", ha señalado.
Sin embargo, cuando se le ha preguntado sobre qué debería hacer Ramírez si resultara imputado, ha respondido que "si se le imputase tendría que dimitir. Pero eso no va a suceder".
De Llera no ha querido comentar el escrito de queja de la juez del caso ERE, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una queja formulada hace meses pero conocida ayer.
Sí se ha comprometido a estudiar la solicitud de funcionarios de apoyo realizada por la magistrada: "lo estudiaremos en el marco de lo que ha acordado el TSJA y atenderemos en la medida de nuestras posibilidades la solicitud de ese jugado, como la de cualquier otro que lleve macrocausas", ha señalado.
El consejero, por otro lado, ha vuelto a mostrar su decepción respecto a la Conferencia Sectorial de Inmigración que tuvo lugar ayer en Madrid, la misma decepción de varios consejeros autonómicos que asistieron a la convocatoria de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para tratar la acogida de refugiados.
Además, ha vuelto a criticar "la falta de un plan del Gobierno en un asunto que es política de Estado".
"Tampoco tiene el Gobierno una cifra clara de cuántos refugiados corresponden a España y por tanto de cuántos a Andalucía. Ni siquiera nos adelantaron ayer los criterios que se iban a seguir para asignar un número de refugiados a cada comunidad autónoma. Comprenderán que así no hay manera de hacer nada ni de trabajar", ha insistido.
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