El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al que será el decimoséptimo recurso de la Junta contra el Gobierno central desde que Mariano Rajoy ocupa La Moncloa. Anulado el viernes a última hora el anunciado contra la Ley de Parques Nacionales, la Administración autonómica sí que intentará paralizar en el Alto Tribunal dos de los apartados de la Ley Orgánica 6/2015, que entra de lleno en la modificación de las leyes de financiación y sostenibilidad financiera de las comunidades.
Se trata, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, de frenar el “nuevo golpe” que habría diseñado Madrid contra la capacidad de autogestión de las autonomías. En ese último envite el objeto de discordia sería, en primer lugar, el intento del Estado de detraer recursos del sistema de financiación de las comunidades para destinarlos a saldar deudas pendientes con entidades locales. Y eso, alerta la Junta, colisionaría con los principios de autogestión que contemplan tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía.
Esa puerta abierta a la retención de recursos financieros propios de cada comunidad con esos fines estaría otorgando, interpretan en San Telmo, “una prioridad indebida” a los pagos por encima de otras obligaciones. Y ahí Vázquez enarboló la bandera de los servicios públicos para denunciar que Madrid antepone “saldar deudas a cumplir con derechos fundamentales como la sanidad, la educación o la atención a los mayores”.
El Gobierno andaluz pone también en entredicho la disposición final decimosexta del la nueva normativa, la que delimita el gasto farmacéutico hospitalario y sanitario, cuyo crecimiento vincula ahora al PIB de las comunidades. La Junta considera alarmante que se antepongan criterios políticos a la “libertad de prescripción” de los facultativos sanitarios y recuerda que, además de atacar también la autogestión de las comunidades, desprecia los “esfuerzos” en el control del gasto farmacéutico, que cifra en 200 millones.
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