El fallecimiento en Cádiz del patriarca de la familia Ruiz-Mateos genera una pesada herencia judicial y mercantil a sus seis hijos varones, con los que compartía en mayor o menor medida la gestión del entramado Nueva Rumasa. Sus otras siete hijas nunca estuvieron implicadas societariamente en la administración de las alrededor de 400 empresas que el hólding del empresario andaluz llegó a aglutinar dentro y fuera de España.
De hecho, dos de sus hijos (Javier y Álvaro) entraron en prisión en enero pasado por dos delitos relacionados con la venta de un hotel. Un mes después, un juzgado de Madrid condenó al ayer fallecido y también a su hijo Javier a pagar 92 millones por la quiebra de Nueva Rumasa (una de las sociedades del holding) tras haber emitido ese volumen de pagarés adquiridos por inversores.
Declaraciones
En este sentido, la Policía busca desde 2011 el destino final de hasta 337 millones emitidos por el grupo en pagarés en 2009. La operativa seguida por la compañía fue la de evadir ese dinero vía Suiza, Belice y otros paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas, y no usarlo para los fines previstos. Hay 4.100 inversores atrapados que adquirieron esos productos, no avalados por el regulador CNMV y que prometían una rentabilidad anual del 8%.
Las declaraciones a la Policía y los jueces del antiguo abogado del patriarca, Joaquín Yvancos, han sido clave para desentrañar el funcionamiento fraudulento del hólding. Los hijos de Ruiz-Mateos encaran alrededor de 50 causas pendientes por distintas operaciones.
Tras la quiebra en cadena de las principales sociedades en 2011, una vez que fueron traspasadas al testaferro Ángel del Cabo (que también lo fue del expresidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán), la Agencia Tributaria, la Policía, fiscales y distintos juzgados mercantiles y de primera instancia de Madrid, Cádiz o Valladolid, y también la Audiencia Nacional, iniciaron investigaciones sobre las causas de la caída del grupo y las responsabilidades de sus propietarios. Las deudas de las empresas como Dhul, Clesa, Carcesa (con marcas como Fruco o Apis), Elgorriaga o Trapa, además de las bodegas Zoilo Ruiz-Mateos de Jerez, sumaban al quebrar entre 1.200 y 1.500 millones.
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