Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han entregado un nuevo informe a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, María Núñez Bolaños, en el que concluyen que la Junta de Andalucía concedió ayudas por valor de 11,4 millones de euros a 25 particulares, empresas y ayuntamientos como el de Guadalcanal (Sevilla) "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", entre otras supuestas irregularidades.
En este quinto informe adicional elevado al Juzgado, fechado el 23 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos de la Intervención del Estado analizan las ayudas concedidas a Antonio Diana Expósito, Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis), Atarazanas de Constantina, Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrollo Económico, Restaurantes Andaluces de Calidad, Coflosur, SCA Virgen de Belén o El Venero de Móstoles.
Los peritos, igualmente, analizan en este informe las ayudas dadas a Eustaquio Reina, Gestión Turística del Sur, Hotel Posada del Moro, Iniciativas Turísticas Sierra Morena, Isidoro Ruiz Espígares, José Gómez Muñoz, Lógica Estratégica Empresarial, Olivar de los Infantes, Pema, Jamones y Embutidos, Refractarios Andalucía, Refractarios Guadalcanal, Refractarios Sevilla, Refractarios y Derivados, SAT Virgen del Espino, SCA Virgen del Robledo y Sevilla Siglo XXI.
En el caso de la ayuda de 180.303,63 euros concedida a la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis), los peritos relatan que esta asociación se constituyó en 1996 como resultado del movimiento participativo de un grupo de padres concienciados con la problemática de la finalización de la estancia en el colegio de sus hijos discapacitados, teniendo como objetivo, con dicha ayuda, la creación de una pequeña empresa de hostelería que permitiera a jóvenes discapacitados el acceso al mercado laboral.
Además, los peritos aseveran que la documentación obrante en el expediente "es incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".
FERIA DE EMPRENDEDORES
Los peritos también destacan las ayudas por un importe total de 342.576,87 euros concedidas al Ayuntamiento de Guadalcanal, divididas en 72.121,45 euros en 2002 para financiar el mantenimiento de un stand en la Feria de Emprendedores al objeto de "difundir a los visitantes en general y a los emprendedores en particular el conjunto de actuaciones de la Consejería de Empleo", 120.202,42 euros en 2003 para financiar la "celebración de la Feria de Emprendedores", y 150.253 euros en 2004 "para sufragar algunos de los gastos" de la celebración del V Encuentro Regional Andalucía-Extremadura.
En el análisis del conjunto de las ayudas, los peritos dicen en este informe consultado por Europa Press que "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", a lo que se suma que la Consejería de Empleo habría concedido las ayudas "con cargo a un concepto presupuestario inadecuado".
Además, y según indican los peritos de la Intervención, la concesión de las ayudas "ha sido realizada por el titular de la Dirección General de Trabajo sin competencia legal para ello", mientras que "no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas" por Empleo y "no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que se publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios".
Por ello, "los sistemas utilizados por la Consejería de Empleo para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales", dicen los peritos, que también resaltan que las ayudas "no podrían tener carácter excepcional, dado que han sido concedidas por la Junta ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años".
SIN SOLICITUD
De igual modo, "no consta solicitud formal de las ayudas por parte" de los beneficiarios; la concesión de las subvenciones "no fueron sometidas por la Consejería de Empleo a fiscalización previa", y, además, "no existe constancia en el expediente de que por parte de la Consejería de Empleo se realizara ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedidas".
Los peritos, en general, también resaltan en este informe de 191 páginas que en los expedientes "no existe ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones".
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