Andalucía

La Corrala Utopía tacha su proceso judicial de político

El viernes comienzan las vistas orales de dos de los 53 imputados por usurpación. La Fiscalía, única en la acusación después de que Ibercaja se retirase. Los ocupas critican la criminalización de la defensa a un derecho fundamental como es la vivienda

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Los miembros de la Corrala Utopía acusados por la Fiscalía por un delito de usurpación tras haber ocupado durante casi dos años un edificio de viviendas propiedad de Ibercaja han tachado el proceso al que están siendo sometidos de “juicio político”. Así lo manifestó uno de los portavoces de la corrala, que junto con dos de los abogados del colectivo protagonizaron este miércoles una rueda de prensa previa a la vista oral que este viernes se celebrará en los juzgados de lo Penal contra los dos primeros de los 53 procesados.

La Fiscalía, única que ahora ejerce la acusación después de que Ibercaja se retirara del proceso, pide una multa de 720 euros para cada acusado. Además, el juez ha separado los juicios en 53 causas (una por cada procesado) por lo que los miembros de la corrala imputados consideran que se trata de un “juicio político” que persigue “dividir y desorganizar al colectivo”, además de “criminalizar” todo acto de protesta. “No entendemos la insistencia de la Fiscalía”, señaló a Viva Sevilla María, portavoz de la corrala.

Para Anabel Salgado, una de los abogados, lo que ha pretendido la Fiscalía al separar las causas es evitar una “macrocausa”. La letrada señaló que lo que menos importa es el dinero que se les reclama -podrían declararse insolventes-, sino “que se juzgue como delito la defensa de un derecho fundamental como es el de la vivienda”.

Salgado, además, destacó que la Fiscalía mantiene un mismo escrito para todos los imputados sin tener en cuenta los elementos personales.

Así, uno de los dos imputados cuya vista oral se celebra este viernes, Maximiliano, explicó que él ni siquiera vivió en el edificio ocupado, sino que fue su exmujer y su hijo y que “jamás fue identificado por la Policía” en sus visitas. El segundo de los acusados, Jesús, vigilante de seguridad privada, que ocupó la vivienda porque se quedó en paro y sufrió un proceso de ejecución hipotecaria, señaló que la Policía tan sólo le identificó el día del desalojo.  

Los abogados de los acusados pedirán su libre absolución y esgrimirán las circunstancias personales de cada uno de sus patrocinados.

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