El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco de Paula Algar, ha destacado que el Gobierno regional actuará con "la mayor celeridad" en cuanto tenga el borrador del plan especial modificado de la Carretera de Palma del Río, en la capital cordobesa, tras la anulación de dos artículos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga a demoler 15.000 de los 40.000 metros cuadrados construidos sin licencia en las naves de Colecor, propiedad del empresario Rafael Gómez.
En una entrevista con Europa Press, el delegado ha manifestado que aportará "la mayor colaboración" al Ayuntamiento para la elaboración, con el objetivo de aprobarlo y "solucionar el problema", todo ello a la espera de que el Consistorio presente el borrador "para poder actuar", aunque en este caso puntualiza que se puede "correr el riesgo de que se elabore un plan especial y posteriormente el Tribunal Supremo (TS) vuelva a modificarlo", ante los dos recursos planteados por parte de la empresa de Gómez Arenal 2000 y otra entidad.
En este sentido, recomienda "actuar con prudencia" y confía en que "los servicios jurídicos marquen las pautas al Ayuntamiento para la elaboración del plan". A tal efecto, informa de que tras el verano se pondrá en contacto con el gobierno local para "celebrar una reunión y ver todos los asuntos pendientes e impulsar todos los expedientes y procedimientos que estén parados", entre ellos este.
De este modo, señala que la Junta está "a la espera de que se envíe el borrador" para sentarse con el Ayuntamiento y "poner fin a esta problemática existente, que lleva ya unos cuantos años y que está en su recta final", ha remarcado el delegado de Ordenación del Territorio.
EL 57% DE MUNICIPIOS YA HA IDENTIFICADO PARCELACIONES
Por otra parte, Francisco de Paula Algar hace un análisis de la situación de las parcelaciones en suelo no urbanizable, "un fenómeno que se ha producido durante los últimos 40 años, que no afecta solo a Córdoba, que tiene especial incidencia en el área metropolitana de la capital, y que ya se han habilitado algunos medios para la regularización".
En concreto, ha precisado que en la provincia ya hay 43 de los 75 municipios, el 57 por ciento, que han desarrollado el avance sobre localización de las edificaciones (17) o han declarado la innecesariedad del mismo (26), "porque están identificadas las viviendas", atendiendo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el decreto de 2012, que "intenta paliar en la medida de la posible la existencia de viviendas irregulares", subraya el delegado.
Al respecto, valora la labor de los consistorios, aunque apunta que "quedarán edificaciones que no se pueden acoger al decreto, que habrá que darle una solución en el ámbito competencial que corresponda". No obstante, recuerda que "a partir de ahora corresponde a los ayuntamientos que vayan presentando modificaciones a los planes generales de ordenación urbana (PGOU) para adaptar las edificaciones que sean susceptibles y se han identificado", con el fin de "incluirlas dentro de la trama urbana".
Para ello, defiende que desde la Delegación Territorial van a estar "colaboradores para agilizar los trámites y llegar a la mejor solución posible dentro de la legalidad vigente", de manera que "la modificación del PGOU se corresponda con la ley". De hecho, declara que la Delegación tiene en este caso "una actitud reactiva y conforme vayan llegando las modificaciones del PGOU de los municipios, en función de los avances aprobados, se irá viendo y detectando la problemática que pueda surgir en este camino".
Entretanto, confiesa que "lo más preocupante son las parcelaciones que ahora mismo se pueden quedar fuera y habrá que buscar una solución para ellas", a lo que añade que el proceso actual "se va a prolongar en el tiempo, porque son procedimientos con la intervención de distintas administraciones y hay que ver también la posibilidad que tienen los ayuntamientos para llevarlo a cabo".
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