El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que valore la "falta de voluntad de colaborar" de la juez Mercedes Alaya tras las descalificaciones vertidas por ésta contra su sucesora, la juez María Núñez Bolaños, en su escrito de alegaciones contra el reparto de las 'macrocausas' acordado por el Alto Tribunal Andaluz, en el que alude, entre otros aspectos, a la "estrecha amistad" de ésta con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.
La magistrada, que ocupa actualmente una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, pidió una comisión de servicio para seguir instruyendo las 'macrocausas' relativas a los ERE irregulares, los cursos de formación y los avales de IDEA, pero el TSJA ratificó el pasado 7 de julio su informe sobre el reparto de trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6 y la asignación a Alaya del caso ERE y el delito societario de Mercasevilla, y a la titular de las restantes 'macrocausas'.
En el escrito que ha elevado al CGPJ para defender que debe ser ella la que instruya las tres 'macrocausas', adelantado este viernes por 'Diario de Sevilla', la juez Alaya señala textualmente: "Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora".
La magistrada continúa diciendo que la finalidad de la medida de refuerzo aprobada es la "agilidad y eficacia" en la tramitación de las causas, pero añade que esos fines deben ser conjugados con la "seriedad y el rigor" en la tramitación de las causas complejas. "Estas máximas por su normal desconocimiento en este momento no se dan en María Ángeles Núñez, frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria", alega Alaya.
Al hilo, y en este informe de ocho páginas fechado el pasado 25 de junio, pone de manifiesto que su "gran preocupación" ha dejado de ser la ralentización de las causas, "que sin duda se produciría", sino la "ausencia de confianza" que la actuación de María Núñez Bolaños le genera por su actuación en la causa de los ERE y en los cursos de formación.
"GRAN INQUIETUD"
En relación a los cursos de formación, la juez considera que la división de la investigación respecto a las delegaciones provinciales de Empleo y los servicios centrales "pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas".
A su juicio, el hecho de que la titular asuma la causa de los cursos le genera "una gran inquietud", pues "al margen de sus escasos conocimientos de la misma de la jurisdicción penal por su veteranía como juez de familia, dicha ausencia de confianza deriva de datos objetivos de su actuación".
Además, Alaya cuestiona que Bolaños haya solicitado a las partes que se pronuncien sobre la posible división del caso ERE cuando aún no se ha resuelto la distribución del trabajo en el juzgado. "Pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla para dividir la causa en piezas para el reparto de su enjuiciamiento, cuando olvida o mejor desconoce que casi la mitad de las ayudas deben ser remitidas al Tribunal Supremo que entiende de los presuntos delitos de prevaricación-malversación del señor Viera", dice.
En el informe elevado al CGPJ tras analizar el escrito de alegaciones efectuado por Alaya al reparto de trabajo aprobado --que debe ser ratificado precisamente por el CGPJ--, el TSJA considera que están "totalmente fuera de lugar las alegaciones efectuadas por la señora Alaya Rodríguez" en el apartado 5 del escrito remitido al CGPJ, manifestaciones que "denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado".
RESPUESTA CONTUNDENTE DEL TSJA
Los magistrados de la Sala de Gobierno recuerdan a Alaya, en este sentido, que "no debe olvidar que su posición actual es la de colaboradora de la titular del juzgado, a quien compete, en último término, la responsabilidad por el funcionamiento del mismo en su conjunto", añadiendo que la titular "ha accedido al cargo tras la resolución de un concurso de plazas judiciales de carácter reglado, sin que resulte lícito, por tanto, cuestionarse su idoneidad e independencia".
Ahora, debe ser la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la que se pronuncie sobre el reparto de trabajo aprobado por el TSJA, una vez conocido además el escrito de alegaciones efectuado por Alaya, lo que podría producirse la próxima semana.
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