Los vecinos de las urbanizaciones de Los Puentes ven cada vez más lejana la ansiada regularización de sus viviendas. Al menos 4.500 casas están afectadas por el Decreto de la Junta que regula las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía, que exige a los propietarios de estas viviendas acreditar un plan de eliminación de las aguas residuales y vertidos. Pero ese plan choca a su vez con la Ley de Aguas estatal que impide construir depuradoras individuales en urbanizaciones como la de Los Puentes. La alternativa que plantea es la construcción de depuradoras colectivas (que agrupen a un número determinado de viviendas) o la instalación de colectores en toda la Vega de los ríos, cuestiones ambas más costosas y, sobre todo, más lentas por cuanto exigen de expropiaciones y servidumbres que pueden eternizar el proceso de regularización.
Los representantes de la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes se reunieron ayer con el concejal de Urbanismo, Javier Márquez, y la nueva gerente de Urbanismo, Mercedes Anguita, para abordar un problema que, en opinión de Alberto Castro, portavoz vecinal, “preocupa sobremanera a los propietarios” por cuanto se trata de un choque competencial que tiene atrapados a cientos de familias. Y es que, mientras los vecinos no tengan resuelto el plan de eliminación de residuos, la Junta de Andalucía no puede acometer la regularización de sus viviendas.
Desde Urbanismo se admite que son centenares las solicitudes de legalización pendientes de salvar este escollo. Por eso se ha pedido una reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente, Sebastián Quirós, para buscar una salida que, para los vecinos, podría pasar por una moratoria de la Ley de Aguas estatal. Una última alternativa pasa por la construcción de colectores, para lo que deberían buscar financiación comunitaria en programas de la Unión Europea.
Modificación LOUA
La modificación de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado martes, no va a tener consecuencias para la capital jienense. A pesar de que la Ley incide en las más de 25.000 viviendas construidas en toda Andalucía en zonas no urbanizables, en Jaén apenas tendrá impacto. La Ley da un plazo de dos años para que los ayuntamientos elaboren un censo con esos asentamientos urbanísticos, pero esa es una tarea que ya se ha salvado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, el único en toda Andalucía que ya cumple con esta exigencia urbanística, según se ha destacado desde el Ayuntamiento. La reforma de la LOUA de la Junta afecta a las viviendas que no estén construidas en zonas inundables.
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