La Guardia Civil, dentro del caso de los ERE irregulares, ha imputado por un delito de tráfico de influencias al exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez en relación a las ayudas concedidas a la Asociación de Prejubilados de Graficromo y a la empresa Taller de Libros, de cuyo consejo de administración fue presidente el exministro Manuel Pimentel.
En el atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba analizan el procedimiento de solicitud y concesión de ayudas sociolaborales y subvenciones de carácter excepcional por parte de la Junta tanto a la asociación como a la empresa Taller de Libros.
La empresa Graficromo se constituyó en diciembre de 1966 y su objeto social era la realización de todo tipo de actividades correspondientes al sector y comercio de las artes gráficas, pero como consecuencia de un procedimiento concursal, que contemplaba la enajenación de la empresa a favor de Taller de Libros, con fecha 7 de febrero de 2006 se expide la resolución del expediente de extinción colectiva de relaciones laborales, que afecta a 23 trabajadores.
Según los agentes, las ofertas para adquirir y dirigir la extinta Graficromo por parte de un nuevo grupo empresarial "dirigido" por Pimentel "surgieron de una manera coetánea con la liquidación de Graficromo".
Así, "las condiciones" para que ésta liquidase en la futura empresa Taller de Libros y se eliminasen las condiciones desfavorables --"exceso de trabajadores de Graficromo"-- "se fueron eliminando mediante las gestiones de los representantes de CCOO con el grupo empresarial y el comité de empresa de Graficromo; del comité de empresa de Graficromo con los trabajadores afectados --los diez que constituían la asociación de prejubilados--, y de ambos juntos a través del delegado de Empleo de Córdoba".
"Este último constituyó la solución definitiva, la económica, para que todas las partes, Graficromo, Taller de Libros y los trabajadores que quedaban excluidos en la nueva empresa, quedasen acordes en el expediente de regulación y la subrogación de la nueva empresa", aseveran los agentes, que añaden que, así, "todas las partes salían beneficiadas, Graficromo no tuvo que prejubilar a ningún trabajador, tan sólo se realizaron expedientes de finalización de contratos con unas indemnizaciones pactadas con los trabajadores".
De este modo, diez extrabajadores de Graficromo, de los 23 afectados por el expediente, se constituyeron en la asociación de prejubilados en mayo de 2006 y recibieron entre 2000-2010 un total de cuatro ayudas sociolaborales por un importe total de 634.526,90 euros.
La Guardia Civil explica que, el 15 de enero de 2009, el director general de Trabajo firmó un convenio "que estipula una ayuda sociolaboral concedida a los trabajadores de Taller de Libros que alcanzará la cantidad de 300.000 euros y que dicha cantidad será detraída de la aplicación presupuestaria 31L".
Según los agentes, "durante la irregular tramitación de estas ayudas interviene de forma activa y vehicular, en la consecución de las ayudas para la asociación de prejubilados de Graficromo y posteriormente para la ayuda a Taller de Libros, el delegado provincial de Empleo en Córdoba Antonio Fernández ante los directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez".
'FONDO SOLIDARIO COMPENSATORIO'
La Guardia Civil asevera que la asociación de prejubilados "se crea para que pueda existir una sociedad beneficiaria de las ayudas sociolaborales, que estaban previstas antes de la creación de la asociación de prejubilados de Graficromo, que se constituyó como tal el 30 de mayo de 2006", añadiendo que "diez de los 23 trabajadores tenían conocimiento que iban a ser receptores de unas pólizas que pagaban rentas hasta la edad de jubilación y que estas pólizas iban a ser sufragadas por la Junta".
"Los 13 trabajadores restantes, que no estaban incluidos en estas pólizas ni eran asumidos por la nueva empresa Taller de Libros, eran beneficiarios mediante un acuerdo tácito mediante el cual la indemnización que correspondía a los diez que recibían pólizas pasaba a un 'fondo solidario compensatorio' gestionado y repartido por el comité de empresa", alegan.
Respecto a Taller de Libros, la Guardia Civil pone de manifiesto que Manuel Pimentel fue presidente del consejo de administración y "se reunión con ocasión de la solicitud de ayudas para la empresa" con el exdelegado de Empleo en Córdoba y con el exdirector de Trabajo Juan Márquez.
PAPEL "INCONCRETO Y DIFUSO" DE PIMENTEL
Los agentes consideran que el papel desempeñado por Pimentel en la solicitud y consecución de ayudas "es inconcreto y difuso y parece que su presencia en la reunión en Sevilla" con Juan Márquez "fue por requerimiento de las partes que negociaban la solicitud y concesión de las ayudas, el comité de empresa y las autoridades laborales".
En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, prestada el 22 de junio de 2015 y consultada por Europa Press, Pimentel dijo que fue presidente del consejo de administración durante los tres años en que estuvo trabajando en la empresa y explicó que el 19 de septiembre de 2008 presentaron un ERE porque la empresa "no lograba resultados económicos favorables".
Según declaró, fueron los trabajadores y el comité de empresa quienes decidieron pedir una ayuda a la Junta, añadiendo que la ayuda "fue a una cuenta creada por los trabajadores", por lo que "cree que fue gestionada por ellos y repartido en función de criterios laborales".
Los agentes dicen, además, que tanto Guerrero como Márquez podrían haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación, ya que "concedieron de manera arbitraria y exenta de trámites administrativos la solicitud y concesión de las ayudas investigadas".
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