La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio para investigar al diputado Jose Antonio Viera en la causa seguida por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en las presuntas irregularidades en el caso de los ERE de Andalucía.
El alto tribunal adopta esta decisión en un auto en el que atiende a la petición del instructor de la causa en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, para pedir el suplicatorio respecto a Viera, que fue consejero de Empleo de Andalucía, y que ha pasado al grupo mixto en el Congreso tras su decisión de darse de baja del PSOE pero no renunciar al escaño.
Respecto a los exdiputados socialistas Manuel Chaves, expresidente de Andalucía, y Gaspar Zarrias, exconsejero de Presidencia, a quienes también afecta la investigación del Supremo, la Sala estima que no es necesario el suplicatorio al haber renunciado a sus escaños, al igual que ocurre con el exsenador del PSOE y expresidente andaluz José Antonio Griñán.
El Supremo acuerda remitir el correspondiente suplicatorio al presidente del Congreso, por conducto del presidente del alto tribunal, con testimonio de la exposición del magistrado Instructor, en lo que se refiere al aforado Viera.
Según el acuerdo adoptado por la Sala, por ahora se suspende la tramitación de las presentes actuaciones en cuanto se refieran al aforado hasta que por el Congreso se resuelva lo que tenga por conveniente.
El auto del Supremo aclara que la petición de suplicatorio de Viera no supone una decisión formal de inculpación sino que es un trámite previo y añade que considera suficientemente razonable la exposición remitida por el instructor Barreiro para dar curso al mismo, no siendo necesario hacerlo respecto a los demás al haber cesado su condición de aforados.
Aunque el caso ERE lo instruye el Juzgado de Sevilla en el que estaba destinada la jueza Mercedes Alaya, que ha llevado el grueso de la investigación, la parte que tiene relación con aforados fue enviada al Supremo, donde lo instruye Alberto Jorge Barreiro.
Este magistrado inculpó el mes pasado a los expresidentes andaluces Griñán y Chaves y a los exconsejeros Zarrías y Viera al apreciar indicios de los citados delitos en su actuación.
Barreiro ve indicios de que conocían el sistema ilegal investigado consistente en ocultar a través del mecanismo de transferencias de financiación lo que en realidad era concesión de subvenciones para eludir los controles legales a los que debían someterse.
A juicio del instructor el sistema funcionó entre 2000 y 2010 e hizo que se aprobaran 22 modificaciones presupuestarias "arbitrarias" para solventar los desajustes presupuestarios motivados por estas transferencias.
Cuantificó en 855 millones de euros el dinero presupuestado y pagado en ese periodo en subvenciones aunque consideró que pasarán años antes de que se pueda evaluar el percance causado a la administración andaluza.
El grueso más importante de este dinero se dedicó a los 77 ERE en los que se efectuaron pagos excesivos, según el instructor.
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