La agrupación 'Sí se puede Rota' presentará junto a Izquierda Unida para su debate en el próximo pleno de Ayuntamiento de Rota una moción trasladando la preocupación que existe ante las negociaciones que se están llevando a cabo en relación con el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Europa y Estados Unidos.
En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión de negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, con el fin de incrementar el comercio entre los países comunitarios y el norteamericano, argumentando que reduciendo las barreras no arancelarias se conseguiría crear empleo, fomentar el crecimiento económico y mejorar la competitividad.
Desde entonces, y según explican ambas formaciones en el desarrollo de su moción, "la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando en secreto, de una manera opaca y sin ningún control por parte de organismos públicos un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones que, tal como está concebido, representa un serio peligro para la protección de los derechos en materia de sanidad, educación, medio ambiente y de todos nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general".
El TTIP, que tiene entre sus objetivos la liberalización total tanto de los servicios tales como el de las compras públicas, abre el camino a las entrada de empresas trasnacionales, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo o las iniciativas locales. La aprobación de este tratado, además, conlleva ignorar cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones y permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos locales, regionales o estatales ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que ellos estimen de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las Administraciones Públicas para aplicar leyes en las áreas de salud, medioambiente y protección social, según la denuncia de SSPR e IU.
Para Si se puede Rota e Izquierda Unida, este acuerdo supondrá que las leyes del comercio "primarán sobre cualquier otra consideración social ignorando cualquier legislación nacional, regional o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encontrarán totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos". Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado "llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, y a promocionar políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local".
Por tanto, SSPR e IU pedirán al Pleno que se declare a Rota como municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Además, pedirán que se solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, y al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos), con la finalidad de conseguir excluir de este o cualquier tratado mecanismos como el ISDS, defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados sin que se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las ETN en la regulación, y que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales.
También se solicitará que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales, así como que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.
De estos acuerdos, como suele ser habitual, se dará traslado en el caso de aprobarse al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía.
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