El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha pedido hoy atribuir a la Fiscalía la investigación penal de los casos de corrupción, al considerar que el juez tiene un "importantísimo obstáculo" a la hora de agilizar la instrucción.
Lesmes ha dicho en un desayuno informativo que España debe avanzar hacia modelos de investigación penal que estén en manos del Ministerio Público puesto que la Fiscalía puede emplear a varias personas en una misma causa, mientras que el modelo actual de instrucción reside en una sola persona, el juez.
Al respecto, ha dicho que la figura del juez de instrucción presenta "límites" importantes para poder abordar investigaciones muy complejas porque se encomienda toda la investigación a una sola persona, a sabiendas de que hay procesos donde "solo la documentación son cientos de miles de documentos".
"El atribuir la enjundia a una sola persona constituye un importantísimo obstáculo para la ágil instrucción", ha añadido el presidente del órgano de gobierno de los jueces.
Ha recordado que la Fiscalía tiene una estructura colegial que permite que muchos fiscales puedan trabajar conjuntamente, como así sucede en asuntos muy complejos, lo que contribuye a una mayor eficacia y agilización de la causa.
De hecho, ha asegurado que los gobiernos de las dos últimas legislaturas han tenido una "coincidencia muy alta" en el diagnóstico del futuro modelo de instrucción encaminado a un mayor peso del fiscal en la investigación, si bien ha reconocido "problemas para afrontar estas metas".
Además, Lesmes ha apostado por una reforma de la organización territorial de la Administración de Justicia debido a que el sistema de partidos judiciales es hoy el mismo que se estableció hace 181 años "en unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales".
Preguntado por la competencia del Tribunal Supremo para continuar con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, Lesmes ha recordado que la investigación no continúa en el alto tribunal por decisión del Supremo sino porque así lo manda la legislación al tratarse de personas aforadas.
"La competencia no viene determinada por una decisión judicial sino por mandato legal", ha explicado. "Si el aforamiento desaparece lo hace la competencia del TS porque así lo dice la ley", ha añadido.
Por último, Lesmes ha señalado que el Tribunal Supremo no ha encontrado responsables de las circunstancias en las que se difundió por parte de este tribunal la noticia de que se anulaba la excarcelación del etarra Alberto Plazaola, que se fugó y permanece aún en busca y captura.
La investigación interna abierta por el presidente del Supremo ha sido archivada al no haberse encontrado responsables, ha dicho Lesmes. "No se ha sabido ver dónde se había producido la quiebra; por lo tanto, caso cerrado", ha precisado.
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