El PSOE estudia la posibilidad de plantear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para conocer el alcalce de "la posible financiación ilegal del PP y de esta trama en Andalucía", así como en ayuntamientos, como el caso de Jerez (Cádiz), en la etapa de la anterior alcaldesa, la popular María José García Pelayo, y de otros consistorios presuntamente vinculados a la causa
Así lo ha anunciado este viernes a los periodistas el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, en Almonte (Huelva), tras las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien acusó a la formación política de contar un sistema de financiación paralelo desde, al menos, 1982 y señaló que durante el mandato como secretario general de Javier Arenas cuando distintos empresarios andaluces comenzaron a donar fondos a la sede central del partido.
Jiménez ha defendido que esta situación "tiene que ser investigada por la justicia pero también puede tener una ramificación de carácter político", por lo que ha indicado que desde su formación van a estudiar esta posibilidad con el fin de comprobar "si en esta trama ha podido conformarse algún mecanismo que haya podido afectar a fondos públicos de la Junta".
En este sentido, ha tildado este caso de "escándalo nacional que afecta a la credibilidad en términos de ética del PP y al propio presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy", a la par que ha destacado "las conexiones de esta trama con Andalucía y el papel de distintos dirigentes del partido".
"Nos preocupa y nos da la sensación de que, según ha denunciado Bárcenas, se ha podido construir en Andalucía toda una estructura que presuntamente ha estado al servicio de esta posible finaciación ilegal del PP", ha manifestado el dirigente socialista, quien ha remarcado que, entre otras cosas, "hay ayuntamientos que han estado gobernados por el PP, como el caso de Jerez, que ha estado vinculado a esta situación"".
Por ello, ha remarcado el estudio del planteamiento de una comisión de investigación en el Parlamento y en los ayuntamientos vinculados por denuncias, al creer que "que puedan estar comprometidos fondos o decisiones públicas hayan podido estar puestas al servico presuntamente de esta trama".
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