El secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez; y el portavoz de la asociación de regantes Areda, Fernando Pallarés, han registrado en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las alegaciones a la propuesta de proyecto de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, donde piden una planificación de la cuenca "que incentive el ahorro y que modernice el cien por cien de los regadíos", y además plantean directamente la retirada del anteproyecto de revisión del Plan Hidrológico del dragado del Guadalquivir.
Según indican ambas organizaciones en una nota, las alegaciones están centradas en 14 bloques que persiguen una planificación "que garantice el abastecimiento de nuestros regadíos, reduzca el consumo mediante su modernización y de respuesta a las demandas existentes".
Estas alegaciones a la revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir tanto Agustín Rodríguez como Fernando Pallarés han defendido "por la importancia que tiene el regadío en nuestra región, del que depende más del 65 por ciento de la producción final agraria, genera el 70 por ciento del empleo en la agricultura y es absolutamente clave en las exportaciones, que siguen creciendo cada año".
La propuesta presentada este martes se basa fundamentalmente en "la eficiencia y en el ahorro". Considera que la cuenca del Guadalquivir "tiene aún margen para seguir ahorrando recursos y para buscar, con ese ahorro producido, dar respuesta a los regadíos existentes, de los que una parte siguen pendientes de regular su situación".
Por tanto, UPA-A y Areda se centran en 14 bloques, entre los que destaca la modernización de regadíos. Ambas organizaciones recuerdan que "ha habido un avance muy importante en los últimos años, con unos regadíos con un alto nivel de eficiencia, de los que el 80 por ciento están modernizados, pero aún queda un 20 por ciento con margen para ahorrar".
Por ello, plantea "culminar la modernización del cien por cien en los próximos cinco años, cuyo máximo exponente lo centramos en el plan de modernización del arroz, que permita ahorrar 100 hectómetros cúbicos bajo los criterios de unificación de tomas y de recirculación del recurso mediante la reordenación de las zonas regables". Algo que para estos colectivos "es fundamental, no supone grandes inversiones y tendría una repercusión directa en la cuenca".
UPA-A y Areda abogan igualmente por la reutilización de las aguas regeneradas, destinando parte de las mismas también a la consolidación de regadíos. Otro de los objetivos incluidos en las alegaciones son nuevas obras de regulación, basadas fundamentalmente en el recrecimiento de los embalses, como el caso del Agrio, que puede duplicar su capacidad, pasando de 20 a 40 hectómetros cúbicos, así como el estudio de nuevos embalses en cerradas existentes, retomando proyectos como es el caso de la Cuenca del Guadiana Menor.
Además, consideran que hay que incluir en el sistema de regulación general el subsistema Bembézar-Reportillo, así como la ejecución de la red de distribución de la balsa del Cadimo.
Otro punto es la culminación de los procesos de ordenación y consolidación de regadíos en el río Guadajoz (Córdoba), en el acuífero de La Loma de Úbeda (Jaén) y en la Corona Forestal de Doñana del cultivo de la fresa (Huelva). También hay que culminar otros procesos como el levantamiento del perímetro de protección del triángulo Pilas-Aznalcázar-Villamanrique de la Condesa, que "permitiría la regularización de un buen número de pequeños aprovechamientos que refuerzan toda la economía que se genera en torno a la aceituna de mesa".
Por otro lado, las alegaciones contemplan igualmente la ejecución de la segunda fase del proyecto de transformación de regadíos, como la Presa de Siles (Jaén), manteniendo la dotación de 15 hectómetros cúbicos prevista inicialmente para la puesta en riego de 10.000 hectáreas de olivar en la Sierra de Segura. Entienden que es "fundamental" el aumento del trasvase Negratín-Almanzora, de 50 a 75 hectómetros cúbicos, puesto que la actual dotación, que ha supuesto buena parte del desarrollo de la zona, "sigue siendo insuficiente para dar respuesta a las demandas existentes y a las expectativas de crecimiento económico de la agricultura".
Ambas organizaciones consideran que este incremento del recurso "es asumible, ya que tan solo representa el 0,36 por ciento de los recursos totales disponibles". Las alegaciones contemplan también la apuesta por proyectos dirigidos al ahorro energético, mediante la unificación de zonas regables.
RETIRADA DEL DRAGADO
UPA-Andalucía y AREDA plantean directamente la retirada del anteproyecto de revisión del Plan Hidrológico del dragado del Guadalquivir, por entender que "es contrario a la política de aguas de la Unión Europea y a la propia lógica recogida en el plan".
"No tiene sentido mantener vivo el dragado sin que antes se produzca una recuperación total de este tramo del río, máxime cuando incluso se han producido pronunciamientos recientes de los tribunales contrarios al dragado del Guadalquivir, así como el rechazo generalizado que se está produciendo, puesto que el dragado supondría seguir poniendo en peligro sectores económicos como el arroz y la pesca del cangrejo", plantea Agustín Rodríguez.
Otra parte importante de las alegaciones presentadas por UPA-A y Areda incluye "una mayor apuesta en la reforestación con planes que eviten la pérdida de suelo mediante cubierta vegetal, sobre todo en los territorios con pendientes más acentuadas". Al respecto, ha recordado que "solo en amplias zonas de olivar se pierde una media de 80 toneladas de suelo por año, lo que origina la colmatación de embalses y cauces y graves daños en todo tipo de infraestructuras, especialmente en las viarias". Ha agregado que "además no permite la filtración del agua de lluvia y la recarga adecuada de los acuíferos, por lo que es fundamental que la planificación aborde este asunto de forma decidida".
Las propuestas de UPA y AREDA recogen combatir las especies exóticas invasoras, como el caso de los briozoos, que generan múltiples problemas en las instalaciones de riego y que son especialmente resistentes y difíciles de erradicar según los recientes estudios realizados sobre estos organismos; así como el mejillón cebra, que ya está presente en la cuenca del Guadalquivir.
Igualmente, consideran que en el Plan Hidrológico "se debe recoger una definición de un procedimiento de otorgamiento de nuevos regadíos, procedentes del ahorro, atendiendo al interés social, económico y medioambiental, y no por unos criterios predeterminados como ya se contempla en el proyecto del plan, al que se están haciendo las presentes alegaciones". Por lo tanto, piden que "se tenga en cuenta para el otorgamiento el interés general y que se realicen con concurrencia pública".
También demandan el estudio de los caudales ecológicos con el fin de "implantar un sistema que los cuantifique por tramos de río para dar seguridad jurídica a los usuarios".
Por último, una cuestión clave para UPA y Areda es que el régimen tarifario "debe basarse en dos criterios fundamentales, como son el pago en función de la dotación recogida en el título concesional, y de otra parte, en función del consumo real de agua". Considera que esto conllevaría "un sistema que incentivaría el ahorro, que tiene que ser el principal objetivo para dar una mayor respuesta a las demandas existentes".
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