El PP andaluz ha dedicado su primera proposición no de ley (PNL) de la décima legislatura a reclamar al Gobierno andaluz que remita "en el plazo de tres meses" un proyecto de ley de segunda oportunidad para solucionar las edificaciones irregulares en Andalucía, poniendo fin así al drama personal y familiar de los compradores de buena fe y eliminando los riesgos que sobre el turismo y las inversiones conlleva.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A demanda también que se articulen medidas transitorias que permitan la habitabilidad de estos inmuebles, aunque no se traten de viviendas habituales, mientras se desarrollan los trámites de legalización y regularización de las mismas.
De igual modo, los 'populares' instan al Ejecutivo andaluz a revisar y reformar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para su adaptación a las necesidades de desarrollo de los municipios andaluces, que en todo caso deberá ser ordenado y sostenible, evitando en el futuro este tipo de construcciones.
En la exposición de motivos, el PP-A afirma que ni el decreto aprobado en febrero de 2012, "en puertas de elecciones autonómicas", que establecía la posibilidad de que este tipo de construcciones pudieran regularizarse, ni la modificación del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), anunciada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado mes de septiembre, alcanzan a dar la solución definitiva reclamada por los afectados.
De los efectos de ambas medidas, según explica el PP-A, se han visto y se verán beneficiadas un "insuficiente" número de viviendas del número total de edificaciones irregulares estimado, debido a sus "limitadas ventajas". Y es que "en ningún caso" se prevé la legalización definitiva de estos inmuebles y, por tanto, la adquisición de plenos derechos sobre ellos por parte de sus propietarios.
El PP-A recuerda que hace algunas semanas, el PP y el PSOE acordaron en el Senado una modificación del Código Penal que ha supuesto un "importante avance" para las familias afectadas, ya que permite la paralización de las demoliciones de sus viviendas hasta no recibir sus correspondientes indemnizaciones, siempre que sean reconocidos como "compradores de buena fe".
No obstante, el grupo parlamentario popular considera que esta medida no ataja la raíz del problema, ya que "el verdadero paso adelante" en esta materia llegará "cuando no haya razón para llevar a cabo un derribo".
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