IU ha comunicado que los técnicos de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz mostraron su incomprensión por “la pasividad mostrada por el alcalde, Víctor Mora, respecto al proceso de desahucio judicial de las corralas de la calle Trasbolsa nº 4 y por ello, ante requerimiento de la portavoz municipal de IU, Carmen Álvarez se comprometieron a dirigir escrito a la fiscalía para paralizarlo, ya que en dichas viviendas se encuentran menores. Pidieron al alcalde su mediación con los bancos para llegar a conseguir alquileres sociales para las familias”.
Asegura que mostraron sorpresa al comprobar que ninguna de las familias de la corralas de Trasbolsa nº 4 hayan sido evaluadas por los Servicios Sociales Municipales, para conocer si se encuentran en riesgo de exclusión social y, en tal caso, proceder al realojo de las mismas en algún otro sitio mediante otro tipo de acuerdos con otras entidades o buscarles un alquiler social si se llega a efectuar el desalojo.
Añade que los técnicos exigieron al alcalde el inmediato empadronamiento de las familias en los domicilios que habitan, con independencia de las controversias jurídicas sobre la titularidad de la vivienda, tal como recoge la Resolución de 25 de julio de 1997, de la Subsecretaría, conforme a la que se dispone la publicación de la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal. Una vez registrados pagando las correspondientes tasas podrán acceder a las distintas ayudas que desde los servicios sociales municipales. Después de la entrevista de los técnicos con el alcalde, los servicios sociales mandaron llamar a las distintas familias de la corrala de Trasbolsa 4, para proceder a su evaluación social.
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