Esta tarde se celebraba en el salón de actos del hotel Peña de Arcos la reunión con los afectados de la clínica Dental Family. Finalmente ha acudido un número de damnificados inesperado, porque han asistido no los 200 que se estimaba, sino más, lo que da una idea de la magnitud del problema generado por la sociedad que supuestamente ha dirigido el empresario J.C.T., que habría traspasado la anterior clínica Vitaldent de Arcos a otro supuesto empresario, R.M., que, aun cambiando el nombre del negocio a Dental Family, heredó los pacientes y, con ello, los problemas que se les venían ocasionando desde el año 2013.
Los afectados fueron representados por José Miguel Pérez, quien intentó desde un momento que la multitudinaria reunión se desarrollara desde una óptica del interés común, para que no se centrara en cuestiones personales como ocurrió en más de una ocasión. También fue necesario llamar la atención al público por algún insulto aislado contra el supuesto dueño de Dental Family. Supuesto porque, según expresó el abogado que asesora a los afectados, Miguel Orellana (Jurisleg), se trata del administrador y no del gerente, como aparece en la información fiscal que ha reunido su despacho.
Lo que no estaba previsto, ni mucho menos, es la asistencia del empresario, que tras presentarse a sus clientes pidió encarecidamente que le dejasen trabajar, es decir, mantener abierta la clínica e ir atendiendo caso por caso hasta su solución final. Sin embargo, y dado que hay pacientes esperando desde hace años la terminación de sus tratamientos y otros que, como ya denunció este periódico, incluso han fallecido sin haberlo recibido y pagado por adelantado, ya han perdido la confianza en la firma ubicada en la avenida Miguel Mancheño. En otros términos, que simplemente quieren que se les devuelva el dinero para ser atendidos en otros centros de medicina bucodental. Algunos podrían darle un voto de confianza. Otros, llegado el caso, recurrirían a la vía judicial.
La macrorreunión registró además la presencia de algunos representantes del movimiento vecinal y de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), que de ese modo prestaron su apoyo a los afectados. También asistieron muy discretamente algunos representantes municipales, caso de la delegada de Participación Ciudadana, Saray Soria.
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