El concejal del PP, Daniel Nieto, ha valorado las declaraciones efectuadas por la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, respecto a la desestimación del contencioso planteado por el Ayuntamiento por el que solicitaba la auditoria del Centro de Técnicas Industriales (CTI) para proceder posteriormente a su liquidación.
Nieto recordó que la Junta de Andalucía se fue del CTI en una reunión de la junta rectora en la que no estaba presente ningún representante municipal. “Previamente, habíamos solicitado un aplazamiento de la sesión que fue ignorado”, recalca. Tampoco se incluyó en aquel orden del día la petición del Consistorio para formalizar su salida del CTI del mismo modo que lo había hecho la Junta de Andalucía.
Ya antes, desde el Ayuntamiento, se había solicitado, sin éxito alguno, la realización de una auditoría externa que avalara el proceso de disolución del consorcio. No se recibió ninguna información.
¿Por qué?
Desde la Junta de Andalucía se le pide en aquel momento al Ayuntamiento el abono de una deuda de 900.000 euros “y no conocemos en concepto de qué; lo único que queremos saber es porqué nos piden ese dinero, queremos las cuentas actualizadas del CTI antes de abordar su liquidación, saber con exactitud a cuánto ascendía la deuda del centro de formación antes de echar definitivamente el cierre”. Máxime cuando según las cuentas municipales lo que habría que abonar no llega a los 500.000 euros, cantidad que incluso lleva consignada en los presupuestos municipales desde hace tres años y que no ha sido entregada porque, precisamente, desde la Junta no se le ha facilitado al Ayuntamiento las cuentas.
Ante esta falta de transparencia el Ayuntamiento decide separarse del Consorcio, lleva su decisión al Pleno municipal “y el PSOE, la señora Cavada, se abstiene. Tras esto el Ayuntamiento se queda sólo para hacer frente a unas deudas que, a día de hoy, podrían estar cercanas a los cinco millones de euros.
“Esta es la situación que nos mueve, como Ayuntamiento y únicamente en defensa de los intereses ciudadanos, a perseguir por la vía legal la nulidad del procedimiento por el que la Administración andaluza, en abril de 2014, se desvincula del consorcio que dirigía el CTI dejando inevitablemente en manos del Consistorio todo el peso de la liquidación del centro de formación”.
Al Ayuntamiento desde entonces comienzan a llegar todas las facturas del CTI ya que queda como único miembro del consorcio. El Consistorio, como resulta lógico, se negó a hacer frente a estas cantidades.
“Para San Fernando, la única salida que le ha quedado es abordar la nulidad del proceso por la vía legal sobre la base de las irregularidades detectadas, tal y como decidió el pleno municipal de 11 de abril de 2014”.
El cierre
“¿Por qué se cierra el CTI? Esta es la gran pregunta”, afirma el edil del PP. El 28 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó instar la disolución de tres consorcios dedicados a impartir cursos que estaban controlados por la Junta y en los que ésta tenía una participación mayoritaria. Públicamente se esgrimieron motivos de optimización de recursos y se dijo que la decisión se tomó “tras un estudio de la situación administrativa y económica”. Pero había otras razones más concretas.
En el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión del 28 de enero de 2014 se reconocía que dichos estudios “han puesto de manifiesto motivos jurídicos y desequilibrios económico-financieros y de funcionamiento que aconsejan la conveniencia de la supresión” de tres consorcios: el Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (Forman), de Málaga; el Centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), de Almonte (Huelva); y el isleño Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI).
Esos “motivos jurídicos y desequilibrios” que señala el acuerdo del Consejo de Gobierno, firmado por Susana Díaz, como presidenta de la Junta, y por Luciano Alonso, como consejero de Educación, Cultura y Deporte, los apuntó el entonces director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, en su declaración como testigo ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Entre una de sus decisiones más importantes como responsable de las ayudas para cursos de formación desde que llegó al cargo en octubre de 2013, Cañavate destacó que se “ha dejado de conceder subvenciones a tres consorcios (Forman, Formades y CTI) ya que estos consorcios, inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como Unión Temporal de Empresas”.
Justo antes, Cañavate había admitido a los agentes que, al poco de acceder a su cargo y ante las sospechas de que se pudiera estar cometiendo un fraude, ordenó cerrar el grifo de las subvenciones. Esto supuso la muerte del CTI. Pocos meses después, en concreto el 28 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ordenaba la disolución del Consorcio isleño sin aclarar bien los motivos.
Concretamente, en San Fernando, entre la numerosa documentación sobre el CTI remitida al Ayuntamiento se encontraba un oficio de la Dirección Especial de la Inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fechado en mayo de 2014, en el que se le reclama información sobre el convenio que el 8 de febrero de 2010 suscribieron el Consorcio, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y tres empresas que eran propiedad del ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda: la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova).
Este convenio, del que el Ayuntamiento no tenía constancia, regulaba el alquiler de las instalaciones del CTI que se sitúan en el polígono industrial de Fadricas, para impartir cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi.
“Esto nos llevaba a sospechar que el CTI ha sido parte del chanchullo de los cursos de formación que el ex consejero Ojeda tenía con la Junta. Por eso, en su momento, pusimos todo en conocimiento de la jueza Alaya”, recuerda Nieto.
Por ello “mostramos nuestra sorpresa cuando, ante todo esto, vemos que la señora Cavada se alegra de que al Ayuntamiento de San Fernando, le desestimen un recurso que sólo buscaba que los isleños no tuvieran que hacer frente a los casi cinco millones de euros que, estimamos, la Junta de Andalucía ha generado de deuda con el CTI".
Ahora el PP se pregunta de qué parte está Cavada, de la Junta o de los isleños “si está dispuesta a hacer frente, con el dinero de todos los ciudadanos, a una deuda de casi cinco millones de euros con tal de cubrirle las espaldas a la Junta de Andalucía”.
“Debe liquidarse pero sin que los isleños asuman costes que nos les corresponden. El Ayuntamiento debería pagar si es lo que hay que hacer, pero no antes de tener todas las cuentas. No deberíamos dar nada si no sabemos cómo se han gastado el dinero. No puede ser que cierren, que no se haga una liquidación normal y que ahora nos reclamen a los isleños dinero por unas subvenciones que ellos mismos -la Junta de Andalucía- concedieron y gestionaron mal”
Daniel Nieto concluyó afirmando que “seguimos sin entender por qué la Junta no hizo una disolución normal. Habrá irregularidades porque si no, es imposible entender”.
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