Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) cerrarán previsiblemente mañana en Luxemburgo un acuerdo político global sobre el nuevo reglamento para reforzar la protección de datos personales en internet, después de tres años de complejas negociaciones por capítulos en el Consejo.
Los Veintiocho reconocerán por primera vez el derecho de los ciudadanos a "ser olvidados" en la red, es decir, a reclamar el borrado de todos aquellos datos personales perjudiciales y no pertinentes.
No en vano recalcarán que habrá que examinarlo caso por caso y garantizar que esa eliminación de información no socava la libertad de expresión e información.
El Tribunal de Justicia de la UE ya se pronunció a favor de este "derecho al olvido" en una sentencia de mayo de 2014 sobre un caso que enfrentaba a Google España y un ciudadano que reclamaba el borrado de sus datos personales, al que dio la razón.
La Comisión Europea (CE) propuso en enero de 2012 reformar las normas de protección de datos vigentes en la UE, que datan de 1995, para adaptarlas a la revolución tecnológica que ha supuesto internet, aumentar el control de los usuarios sobre sus propios datos y reducir las cargas burocráticas para las empresas por un valor de unos 2.300 millones de euros anuales.
La amplitud y complejidad de este dossier se ha traducido en la práctica en tres años de negociaciones en el Consejo de la UE, en los que los Estados miembros ante las dificultades de avanzar acordaron ir pactando capítulos de forma aislada, aunque bajo el principio de que nada estaría oficialmente acordado hasta que se lograse un acuerdo general sobre toda la legislación.
Este es el acuerdo que se espera para mañana.
La nueva normativa, entre otras cosas, servirá para reducir la fragmentación en 28 legislaciones nacionales e imponer un mismo criterio de protección de datos en toda la UE, así como para suprimir requisitos administrativos innecesarios como la notificación que se exige en la actualidad a empresas que quieren lanzar un nuevo servicio que implica procesamiento de datos.
Otro de los avances de la reforma, es el refuerzo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para todos aquellos que procesen datos personales, y la obligación de notificar a la autoridad nacional de control toda violación de datos grave lo antes posible, así como de solicitar el consentimiento expreso del usuario para el procesamiento de sus datos.
Los usuarios que se sientan perjudicados por el tratamiento de sus datos en internet tendrán derecho a reclamar sanciones que podrán traducirse en multas de hasta un 2 % de la facturación anual o de un máximo de un millón de euros para la empresa que haya infringido el reglamento europeo, según el borrador del acuerdo que intentarán aprobar los ministros.
Estarán sujetas a estas normas todas las empresas que operen en territorio comunitario con independencia de donde tengan su sede.
Otra de las posibilidades que ofrece la nueva normativa tiene que ver con la llamada "portabilidad de datos", que permitirá a los usuarios solicitar, por ejemplo, a Facebook que extraiga sus datos personales del sistema para trasladarlos a otra red social que consideren más segura.
Una vez que las nuevas reglas entren en vigor, empresas y usuarios podrán beneficiarse también de un sistema de "ventanilla única", dirigido a facilitar la denuncia de abusos de empresas con sede extranjera en los tribunales europeos.
El acuerdo que alcancen los ministros mañana servirá de base para negociar un texto final con el Parlamento Europeo, que ya fijó su posición en primera lectura en marzo de 2014.
La presidencia de turno de Luxemburgo, que comenzará su semestre de mandato el próximo 1 de julio, ya adelantó esta semana que su intención es llegar a un acuerdo con la Eurocámara antes de finales de año.
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