Hasta ocho de los diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía que han comparecido como imputados esta semana ante la juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la ronda de comparecencias, que se inició el pasado martes, se ha cerrado en la mañana de este viernes con los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Córdoba, Manuel Gavilán Jiménez, y de Sevilla, Daniel Fito, que también se han negado a declarar.
Entre el martes y el viernes han comparecido ante la instructora otros ocho jefes de servicio, de los que seis se han negado a declarar, como son los de Sevilla, Carmen Gómez Laguillo; de Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado; de Huelva, José Ángel Gil Flores; de Jaén, José Luis Valentín; de Granada, María Noelia García Lucena, y de Málaga, María Isabel Almendro Flores.
De este modo, los dos únicos jefes de servicio que han accedido a declarar han sido el de Almería, Blas Méndez Capel, que negó haber recibido "órdenes ilegales" de sus superiores en relación con la justificación de las subvenciones, y el de Granada, Magín Bolívar Medina, que resaltó la "falta de atención" de sus superiores en cuanto al volumen "muy abultado" de cursos y subvenciones pendientes de justificar.
En un auto fechado el pasado 27 de mayo, la magistrada imputó a estos diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputó pero no citó a declarar.
Alaya los imputó "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".
"OMITIERON" INICIAR LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO
A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".
Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".
En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 ex altos cargos de la Junta-- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
