Una treintena de personas se concentraban ayer a mediodía ante el edificio de la Junta de Andalucía sito en la plaza de Asdrúbal convocados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en busca de una vivienda digna.
En concreto, pedían ante la Delegación de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio lo que el exdelegado territorial anterior, Manuel Cárdenas, hizo público en su día, que no era otra cosa que comprometerse a “destinar a alquiler social la nueva promoción de Osorio”.
Sin embargo, la Junta de Andalucía dio marcha atrás en esta iniciativa y finalmente sacaba a la venta el conjunto de viviendas del nuevo edificio, del que “ya parece que se han comprometido con los bancos unas 22”, indica la Apdha.
Así, denuncian estos demandantes de viviendas, que en vez de entregarse a aquellas personas que más las necesitan según el criterio que sostiene Procasa en su baremación, van a ser adjudicadas a quienes puedan comprarlas.
Rafael Lara, presidente de la Apdha, insistía en la necesidad de que que las promociones de VPO que se realicen en Cádiz, y en concreto las de Osorio, sean destinadas al alquiler social para combatir la escasez de parque de viviendas existente. Lara declaraba que entre los concentrados había “cuatro o cinco familias a punto de ser desahuciados”, por lo que no dudó en hacer un llamamiento al Ayuntamiento que se constituya el sábado “sea el que sea”, en este sentido.
Precisamente, durante la concentración de la Plataforma por el Derecho a una vivienda Digna, Rafael Lara recibía la llamada del delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz, Manuel González Piñero, citándole para las 17.00 horas de ayer. Tras una reunión en la que las posturas no consiguieron acercarse tanto como deseaban desde la plataforma, sí se llegó a algunos acuerdos que podrán avanzarse en una nueva reunión a celebrar entre las partes la semana que viene.
Así, Lara, en representación de la Plataforma de la Vivienda, aclara a este medio que esa veintena de viviendas de Osorio que sacaron a la venta, “siguen en venta porque el procedimiento administrativo está muy avanzado, pero hemos conseguido que la otra treintena de viviendas puedan dedicarse al alquiler”.
Desde la Delegación pretenden que ese alquiler sea con opción a compra y desde la plataforma, que dicho arrendamiento sea en forma de alquiler social. Si se acercan o no las posturas, se sabrá la semana que viene.
Ejemplos de personas necesitadas de vivienda social y amenazadas de desahucio hay muchos, como el de una de las concentradas, Isabel Gallardo, con pareja y un hijo de cinco años en tratamiento psiquiátrico y con “nueve años apuntada a Procasa”, que pudo parar el pasado día 25 de mayo el desahucio al que iban a ser sometidos, pero que el próximo día 22 de junio tiene un nuevo juicio.
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