El Parlamento rumano inició hoy un pleno para votar sobre la solicitud de la Fiscalía anticorrupción de levantar la inmunidad e investigar al primer ministro, Victor Ponta, una petición que se espera sea rechazada debido a la mayoría de que goza la coalición gubernamental de centro-izquierda.
El primer ministro socialdemócrata, que declaró hoy sentirse siempre nervioso cuando tiene que responder ante el Pleno, señaló el lunes, tras reunirse con los líderes de su partido, que "Rumanía no tiene nada que ganar de una crisis política y de la inestabilidad, puede que sí Rusia u otro enemigo" del país.
Ponta afirmó que desea terminar su mandato, que expira a finales del próximo año, y pidió a la oposición de centro derecha que deje de utilizar a la justicia con fines políticos, y advirtió de que tendrán que responder ante la ley si convocan manifestaciones ilegales.
Ya ayer, la Comisión jurídica del Parlamento votó en contra de levantar la inmunidad a Ponta y emitió un informe en este sentido que el Pleno debatirá hoy para pronunciarse al respecto.
Se prevé que la solicitud de la Fiscalía no tenga ningún éxito ya que la coalición gubernamental liderada por el Partido Socialdemócrata de Ponta controla el 60 % de los 572 escaños del Parlamento.
Tampoco se espera que triunfe la moción de censura presentada por el opositor Partido Nacional Liberal el próximo viernes.
La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) anunció el viernes que sospecha que Ponta recibió 50.000 euros en 2011, un año antes de ser elegido jefe de Gobierno, por parte de un antiguo socio, Dan Sova, al que luego nombró ministro.
La investigación sostiene que para justificar esos ingresos Ponta emitió facturas falsas con fecha de 2007 y 2008 por supuestos trabajos de asesoría legal para el bufete de Sova.
Además de por falsificación, blanqueo de dinero y evasión fiscal, a Ponta se le investiga por conflicto de intereses, ya que él fue quien nombró ministro a Sova en dos ocasiones, en 2012 y 2014.
Ponta niega las acusaciones e insistió ayer en que no dimitirá, como le ha reclamado también el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis.
Trece miembros de los distintos gobiernos de Ponta desde 2012 han sido condenados o están bajo la lupa de la DNA en Rumanía, un país al que la Unión Europea reclama desde hace tiempo que mejore la lucha contra la corrupción.
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