Según explicó la Subdelegación del Gobierno en una nota, la nave en la que se encontraban las piezas es propiedad de una empresa que las desecaba y preparaba para la exportación, careciendo de licencia de actividades, de registro sanitario, de calificación ambiental y de autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con la manipulación de productos para el consumo humano.
A esta empresa se llegó a través de un proceso de investigación que tenían en marcha los agentes de la Guardia Civil, quienes poseían información relativa a la existencia de un lugar donde, sin ningún tipo de documentación que amparase esta actividad, se venía realizando clandestinamente.
Una vez comprobada la veracidad de la información, junto a dos inspectores de pesca y de tres inspectores veterinarios del distrito Huelva Costa del SAS, los guardias civiles del Seprona procedieron a la entrada donde inmovilizaron las piezas, las cuales se encontraban en distintos estadios del proceso de secado.
Dichas aletas corresponden a diferentes especies de escualos, sin que en principio ninguna de las mismas se ajuste a alguna de las que están protegidas. Por estos hechos, se ha levantado la correspondiente acta, disponiéndose el cierre cautelar de la actividad y la inmovilización de la mercancía que, valorada en 136.800 euros, ha quedado a disposición de la Delegación de Sanidad.
También se han iniciado investigaciones tendentes a la comprobación de la legalidad de las capturas. A este respecto serán las autoridades ministeriales quienes determinaran la el origen de los caladeros, así como si las fórmulas de capturas de los tiburones se corresponden con las establecidas en la legislación comunitaria.
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