El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado la razón al Ayuntamiento de Málaga y ha condenado a la Junta de Andalucía a financiar el mantenimiento de los cauces de arroyo de la ciudad.
El Gobierno municipal del Partido Popular, en funciones, quiere ahora recuperar el dinero invertido que, calcula, ronda el medio millón de euros y depurar responsabilidades políticas.
Es una sentencia firme la que ahora le obliga a la administración autonómica a retomar una tarea que había abandonado hace ocho años, al no considerarla de su competencia y argumentar que no tenía dinero para ejecutarla.
La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, ha incidido en que la sentencia es “clara”, ha dicho. El Ayuntamiento, como sostenía desde el principio, ha de encargarse de quitar la basura y la Junta, del desbroce y corrección de los márgenes de los cauces de arroyo. Todo ello para evitar inundaciones.
Ahora, el gobierno municipal en funciones del Partido Popular se plantea, como primera consecuencia de esta resolución judicial, exigirle al gobierno autonómico que le devuelva el dinero invertido. Una cifra que, según estima Porras, rondaría los 480.000 euros, a razón de 60.000 euros anuales invertidos en la mejora, en solitario, de estos cauces durante los últimos ocho años.
Pero el portavoz municipal en funciones, Mario Cortés, va más allá. Y considera que la Consejería de medio Ambiente ha sido “negligente” al dejar de asumir este gasto anual, por lo que exige responsabilidades políticas.
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