Durante el interrogatorio de la fiscal y parte de la interpelación del letrado de la acusación particular, Mena, de 70 años, atribuyó los cargos por los que está procesado a aquellos “a los que no soy simpático por lo no haberme dejado manipular” y esgrimió la legalidad y transparencia en su actuación que, según subrayó, demuestra “que convocáramos concurso para la adjudicar la obra cuando sabía que se podía haber dado directamente”.
En esta línea, y durante casi cinco horas de declaración ante el tribunal de la Sección Segunda, justificó en la “necesidad” de cumplimentar un trámite preceptivo para obtener la ayuda del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) el que en marzo de 1992, un año y ocho meses antes de la firma del contrato, facilitase en Asamblea General el nombre de la empresa adjudicataria, a la postre Tecniriegos, propiedad del otro procesado en la causa, Santiago Penichet.
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