Poner en marcha un plan de empleo para sacar de la exclusión social a las familias más desfavorecidas de la provincia. Es la primera medida que adoptará María Gámez, si resulta elegida alcaldesa de la capital.
La candidata socialista ha enumerado este jueves las 20 primeras iniciativas que se compromete a activar en los primeros cien días de posible mandato.
Para María Gámez es prioritario cambiar las tarifas del agua. Actualmente, cree que penalizan a las personas que viven solas o en pareja. Y, ha dicho, quiere corregir este defecto.
Un presupuesto específico para la lucha contra la violencia machista, duplicar el personal existente en la oficina municipal que asesora a los malagueños en riesgo de desahucio y hacer pública la empresa de limpieza, Limasa, conforman las cinco primeras medidas que la candidata socialista ha prometido adoptar si los ciudadanos la votan y se convierte en la alcaldesa de Málaga.
Todas las medidas, estas cinco y las quince restantes, las ha enumerado acompañada por los miembros de su lista electoral y en el cauce del río Guadalmedina, “un símbolo de la Málaga inacabada”, ha dicho.
Los barrios recuperarían de nuevo protagonismo, de acuerdo con el programa socialista. De entrada, porque el Ayuntamiento acometería un plan de limpieza especial y además convocaría un concurso de ideas para extraer de las propuestas planteadas, las mejoras arquitectónicas que terminarían por implantarse.
Los cambios urbanísticos no se reducirían a los barrios ni a la ejecución de obras. Gámez quiere hacer una auditoria en la gerencia municipal para repasar el estado de las cuentas y de la gestión.
Entre sus proyectos estrella: la peatonalización completa de la Alameda principal y la creación de un gran parque público en los terrenos de Repsol. La candidata socialista se compromete a retomar el estudio de proyectos para recuperar el cauce del Guadalmedina, a sacar a concurso la rehabilitación de los Baños del Carmen y a derribar el antiguo cine Astoria para buscarle un nuevo uso a este espacio.
Reducir a la mitad el personal de confianza, bajar los sueldos a los directivos, revisar adjudicaciones y contratos municipales y estudiar el patrimonio municipal concluyen un programa que no olvida dedicar dos millones de euros a instalar los ascensores en edificios habitados por personas con problemas de movilidad y a frenar la actual elaboración del plan especial de protección del centro para darle más participación ciudadana.
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