El instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, continuará la próxima semana con la investigación de la causa y el martes 5 de mayo escuchará el testimonio, como testigos, del exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Andalucía Luis García Garrido; y del exviceconsejero de Igualdad y Bienestar Social José María Oliver Pozo.
Ninguno de ellos ha sido jamás citado como testigo ni como imputado en la causa sobre el sistema de concesión presuntamente irregular de ayudas socio-laborales que inició la juez de Instrucción de Sevilla Mercedes Alaya, a pesar de que formaron parte de las reuniones de viceconsejeros que precedían a los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía --los denominados 'consejillos'--, durante el periodo investigado en esta causa.
Estas dos declaraciones se producen a petición de la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y en sus declaraciones previsiblemente saldrán a colación las declaraciones de éste sobre las materias y procedimientos que se abordaban en las citadas reuniones.
Cabe recordar que en su declaración ante el instructor, Zarrías manifestó que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles', que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces --los denominados 'consejillos'-- y se elevaron al Consejo de Gobierno "eran ajustadas a derecho" y contaban con "todos los requisitos que marca la ley.
Además, Zarrías explicó ante el instructor del Tribunal Supremo que los consejillos que presidía "no tenían poder decisorio" y únicamente elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban "plenamente aceptados por la legalidad". "En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por ello, (eran) perfectamente ajustados a derecho", incidió el que fuera consejero de la Presidencia.
RATIFICACIÓN DE LOS PERITOS
Por otro lado, el jueves 7 de mayo, se producirá la ratificación pericial ante el juez del informe de los catedráticos de Derecho Tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago que elaboraron el informe a petición de la defensa del expresidente José Antonio Griñán, y en el que se considera ajustado a derecho los procedimientos seguidos para la utilización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales.
Este informe, cuyas conclusiones contradicen el elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE) que considera irregular el uso de las transferencias de financiación para la gestión de esos fondos públicos, obra en poder del instructor desde el pasado 26 de enero y aún no había sido sometido a la ratificación en presencia de las partes.
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