Podemos mantiene en estos momentos su 'no' a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y asegura que, aunque por parte del PSOE-A hay "voluntad" para que Podemos facilite dicha investidura, desde la formación 'morada' no ven una "clara voluntad" de cumplimiento de las condiciones formuladas. No obstante, si reconocen que ha habido "avances" en la negociación.
Así se ha pronunciado el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, tras reunirse este sábado durante aproximadamente dos horas con representantes del PSOE-A, dos días después de que los socialistas les remitieran un documento en respuesta a las condiciones que han formulado para la investidura de Susana Díaz.
Pascual, que ha acudido al encuentro junto con Manuel Garí, ha dicho que su formación quiere "un 'sí' o un 'no' nítido" sobre las cuestiones que han puesto sobre la mesa, en relación a una reducción "drástica" de personal político en la administración y a que la Junta "no tenga ni un euro" en cuentas de los bancos que realizan desahucios.
Asimismo, según ha explicado el dirigente de Podemos, los socialistas se han comprometido a enviarles un nuevo documento con respuestas a estas demandas. "Mientras tanto, nuestro posicionamiento sigue siendo no", ha afirmado Manuel Garí, persona de confianza de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha dicho que hay un nivel "altísimo" de coincidencias con Podemos y que el diálogo sigue abierto. "No somos optimistas ni pesimistas", ha añadido el dirigente socialista, quien ha asegurado que la condición de Podemos sobre la renuncia de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán "ya está asumida. Se acabó, no hay más que hablar", ha apuntado.
Sobre esta cuestión, Pascual ha considerado "un éxito" que los cargos de Chaves y Griñán estén "amortizados a futuro". En su opinión, se ha conseguido que se empiece a "limpiar" la vida pública y que, "aunque sea a regañadientes", quienes han sido "responsables políticos" cuando se ha "robado" dinero público "salgan de la vida política y dejen de tener un salario a cuenta de los ciudadanos".
PSOE-A PROPONE CLÁUSULA SOCIAL EN LOS CONVENIOS CON LOS BANCOS
Sobre las otras dos condiciones planteadas, el dirigente socialista ha dicho que comparten al "cien por cien" el objetivo final de evitar los desahucios y que están dispuestos a buscar fórmulas para que en las relaciones contractuales de la Junta con los bancos se incluya una "cláusula social" que suponga un "arbitraje" en el que participen consumidores, Junta y entidades financieras "para intentar evitar el desahucio".
Frente a ello, Pascual ha indicado que su formación quiere que la Junta sea "una muralla" ante los bancos que quieren desahuciar y se ha mostrado convencido de que si el hermano de la presidenta de la Junta en funciones fuera desahuciado "ésta iría corriendo a sacar su nómina de ese banco".
En referencia a la "reducción drástica" de cargos políticos en la administración de la Junta y entes instrumentales demandada por Podemos, Cornejo ha señalado que aunque la Junta viene trabajando en esta materia y ninguna otra administración ha hecho un ejercicio tan importante de "austeridad y reducción" entre 2008 y 2015, están dispuestos a seguir "avanzando en los recortes".
PSOE-A: LOS RECORTES EN LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDEN SER "AL PESO"
El dirigente socialista ha explicado que hay que redactar un texto que pueda se asumido por ambas formaciones, pero que hay un "nivel alto" de coincidencia en esta materia para poder lograr la contratación de más personal en el sector educativo y sanitario. No obstante, ha querido dejar claro que dicha reducción no se puede hacer "al peso" porque en algunos sectores "hay capacidad de ajuste y en otros no".
Pascual, que también ha demandado que los directores generales de la Junta sean funcionarios, ha dicho que no la reducción de personal político en la administración andaluza no solo es cuestión de "cantidad sino de calidad". Según ha manifestado hay que consensuar los criterios para ejecutar dicha reducción y lograr un gobierno "más independiente de la política y con gestores cualificados".
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