Dos exviceconsejeros de la Junta de Andalucía declararán mañana como testigos en la investigación del fraude en los ERE que se sigue en el Tribunal Supremo, a petición de las defensas del expresidente José Antonio Griñán y del exconsejero Gaspar Zarrías, cuya versión es previsible que confirmen.
Los declarantes serán el exviceconsejero de Obras Públicas Luis García Garrido y el que también fuera viceconsejero (en su caso de Bienestar Social) José María Oliver Pozo.
Mientras que el primero fue miembro de la Comisión General de Viceconsejeros, conocido como consejillo, el segundo fue el secretario del mismo.
Es previsible que, como comparecen a petición de Gaspar Zarrías, que presidió esta comisión, refrenden su versión de que dicho organismo no tuvo iniciativa o poder político sobre los ERE investigados.
Tanto Gaspar Zarrías como Griñán, al igual que el también expresidente de la Junta Manuel Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera y Mar Moreno, han declarado como imputados ante el juez del caso a lo largo del pasado mes de abril, para que el magistrado decida si debe o no pedir el suplicatorio contra ellos.
Por otro lado, el próximo jueves 7 de mayo los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago ratificarán ante Barreiro el informe pericial que realizaron a petición de Griñán y que considera legales los procedimientos seguidos en los ERE.
Este informe pericial, favorable a Griñán y al también expresidente Manuel Chaves, contradice la tesis de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), según la cual los responsables de la Junta de Andalucía efectuaron un uso ilegal de la herramienta presupuestaria con la que se dotaban económicamente los ERE.
Los catedráticos citados son especialistas en Derecho Financiero y Tributario y consideran ajustados a derecho los procedimientos seguidos para la autorización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales, concretamente las conocidas como transferencia de financiación.
El informe de la IGAE sirvió a la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, que ha instruido el caso en Sevilla, para sostener que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal de distribución de las ayudas, lo que implica la existencia de indicios de prevaricación y malversación en la conducta de los dos expresidentes y en los exconsejeros de la Junta.
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