La privatización de la gestión y el cobro de las multas de tráfico no parece que vaya a ser un negocio tan rentable como había defendido el gobierno local del PP. De momento, según el contrato de asistencia técnica al que ha tenido acceso VIVA JAÉN, la adjudicación realizada a la empresa Vialine por dos años (la firma debe abonar 272.466 euros por la garantía) se hace solo en vía voluntaria y excluye el pago de las sanciones en vía ejecutiva. Esta cuestión no es baladí, por cuanto la recaudación ejecutiva (cuando no se paga en los plazos iniciales) supone más del 30% de la recaudación total de los ayuntamientos.
El concejal de Hacienda, Miguel Contreras, defendió el pasado martes la privatización por cuanto el premio de cobranza que pagará el Ayuntamiento sería del 14,5%, casi la mitad de lo que ha venido pagando en los últimos cinco años a la Diputación. Sin embargo, al tener que asumir los cobros en vía ejecutiva (un dato que Contreras omitió) el proceso se encarecerá para el Ayuntamiento. Cada notificación en ejecutiva le cuesta a las arcas municipales 4,30 euros, y lo normal es que haya al menos dos avisos. Pero, además, el Ayuntamiento tendrá que seguir aportando su propio personal.
La ley establece que el instructor de las multas debe ser un funcionario mientras que el dictado de las providencias de apremio (que antes hacía el gerente de Recaudación de la Diputación) se encomienda ahora a la Tesorería municipal. De igual forma, el gobierno local aún no ha habilitado la plataforma informática para hacerse cargo de la base de datos cedida por la Diputación, otro gasto adicional.
Una empresa con escasa experiencia
La empresa Vialine, de Santander, que ha resultado adjudicataria del cobro de las multas de tráfico en Jaén, tiene escasa experiencia en este ámbito, al menos en grandes ciudades. Tan solo se le conoce un contrato similar en Cangas de Onís, una población asturiana de apenas 6.700 habitantes y también gobernada por el PP.
La privatización del servicio de Jaén ha sido el primero de este tipo en hacerse a través de la central de contratación de la FEMP, que preside el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, del PP.
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