IU ha exigido responsabilidades a la alcaldesa, Ángeles Muñoz por las “negligencias” que, aseguran, ha habido en el procedimiento judicial seguido a instancias de la empresa del empresario dueño de La Cañada, Tomas Olivo, en el que el Ayuntamiento, habría mostrado "una clara inacción" al no contestar a la demanda, ni aportar medidas de prueba, ni informes para evitar que el suelo que ocupa el centro comercial haya sido declarado urbanizable. “Ni siquiera”, apunta el concejal Miguel Díaz, “han presentado recurso ante el Tribunal Supremo, con lo que se habría consolidado el perjuicio para Marbella”.
La sentencia, señala Díaz, implica que Olivo no está obligado a realizar todas las cesiones obligatorias que establece el PGOU. Éstas quedan reducidas a la mitad, lo que implica un ahorro de más de 20 millones de euros para el empresario involucrado en la Operación Malaya, lo que afectaría, dicen, a los 71.346 m2 de suelo para equipamientos públicos, donde por ejemplo estaba el suelo previsto para el nuevo recinto ferial.
En un escueto comunicado, el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, niega que la sentencia vaya a afectar al futuro recinto ferial, pero sobre el hecho de no recurrirla, lo único que señala es que tampoco lo ha hecho la Junta de Andalucía, que, dice, inició el procedimiento.
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