La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ampliado la imputación a once exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el exdelegado del ramo en Sevilla Antonio Rivas, por las ayudas a Cydeplast e Inverjaén, citándolos a declarar a todos ellos el próximo día 7 de abril, día en que algunos ya estaban citados con anterioridad por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya amplía la imputación por delitos de prevaricación y malversación contra el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; a los exdirectores de IFA/IDEA Francisco Mencía, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, y a los exdirectores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
En relación al ERE de Cydeplast por el que se produjo la extinción de los contratos de los 49 trabajadores de la empresa, la instructora relata que tuvieron lugar varias reuniones entre dicha empresa, el comité de trabajadores, UGT y Antonio Rivas por las que éste "adquiriría en nombre de la Junta el compromiso de conceder para la prejubilación" de 29 trabajadores afectados "una subvención excepcional sin sujeción a bases reguladoras y sin que existiera la menor justificación de la finalidad pública o el interés social para su concesión".
En este sentido, señala que, "sin que existiera proceso alguno de selección", Rivas "se encargaría" de encargar a la mediadora Vitalia los costes actuariales que concretarían el importe de la subvención, ascendente inicialmente a 3,7 millones de euros, según un estudio actuarial de 14 de abril de 2005 "aceptado por su superior", Francisco Javier Guerrero.
De igual modo, "aceptaría el compromiso de otorgar una segunda subvención excepcional" por importe de 503.131,72 euros y para la compra de maquinaria a Nazapet, sociedad constituida por parte de los trabajadores de Cydeplast, todo ello "sin sujeción a bases reguladoras, y sin que existiera tampoco dicha finalidad pública", según el auto consultado por Europa Press.
En cumplimiento de estos "ilícitos compromisos", Guerrero suscribió con Nazapet un protocolo de colaboración de fecha 18 de mayo de 2005 en el que asumía "con indiciario conocimiento de sus superiores", el exconsejero Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá, la concesión de ambas subvenciones "sin sujeción a bases reguladoras, con manifiesta falta de competencia, sin que hubiera existido solicitud alguna y sin que en el procotolo se justificase la finalidad pública o el interés social de ambas ayudas".
SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Además, y para el pago de tales ayudas, Guerrero suscribiría un convenio de colaboración el 30 de marzo de 2006 con el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano, "con el presunto conocimiento de sus superiores", entre ellos el exviceconsejero Jesús Rodríguez Román, tras lo que la ayuda "sería pagada con cargo a la partida presupuestaria 440.51, absolutamente inadecuada para el pago de subvenciones, cuyo uso evidenciaba la ausencia del procedimiento subvencionador".
En este convenio, Guerrero, "en nombre" de la Consejería de Empleo, encomendaba el pago de la ayuda ascendente a 3,7 millones, "sin que el pago hubiera sido autorizado por el Consejo Rector de IDEA --al superar 1,2 millones-- ni por el Consejo de Gobierno --al superar los tres millones--", a lo que se suma que la concesión y el pago fueron ordenador por Empleo "sin que se hubiera notificado previamente la concesión de la subvención a la Comisión Europea".
La juez sostiene que Juan Márquez, que sucedió a Guerrero en el cargo, "asumió la ilícita concesión de su predecesor" y con conocimiento de sus superiores ampliaría en 2,8 millones esta ayuda, que pasó a ser de 6,6 millones de euros, al pasar de 29 a 34 extrabajadores, mientras que Daniel Alberto Rivera, con conocimiento del entonces viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, dictó una resolución el 17 de agosto de 2010 ordenando a IDEA el pago de 657.451,14 euros más, "omitiendo nuevamente todos los trámites del procedimiento subvencionador".
Del mismo modo, "con cargo al mismo crédito presupuestario, con ausencia de procedimiento y sin la necesaria autorización por parte de la Comisión Europea", Guerrero y Serrano suscribieron el 17 de febrero de 2006 un convenio de colaboración para el pago de la ayuda directa a Nazapet, la cual fue abonada el 7 de noviembre de 2006.
Por estos hechos, la juez amplía la imputación de todos los exaltos cargos citados a excepción de Francisco Mencía.
INVERJAÉN CONSULTORES
En relación a la entidad Inverjaén Sociedad de Capital de Riesgo, constituida el 23 de diciembre de 1992 y cuyo objeto social consistía en la promoción y fomento, mediante participaciones temporales en su capital, de empresas de Jaén, la magistrada dice que, a iniciativa de esta empresa, en diciembre de 2001 nacería Inverjaén Consultores con el objetivo de ser el foco de desarrollo económico y social de la economía de la provincia a través de la creación, mejora e impulso de empresas.
En este contexto, el director gerente de Inverjaén Consultores mandó el 30 de enero de 2003 a Guerrero una propuesta de colaboración profesional con un presupuesto de 248.588 euros para la prestación de servicios de consultoría en relación al Grupo Industrial Raal 2000, teniendo entrada dicha propuesta en la Dirección de Trabajo el 19 de marzo de 2003, "más de un mes y medio después de la fecha prevista para el inicio de los trabajos", que "se realizarían sin la debida autorización de la Administración".
Tras recibir dicha propuesta, "y con indiciario conocimiento" del entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, Guerrero concedió una subvención a Inverjaén Consultores por importe de 250.000 euros "sin sujeción a bases reguladoras y sin que existiera la menor justificación de la finalidad pública o el interés social para su concesión".
Para el pago del compromiso asumido en virtud de la subvención concedida, Guerrero y el entonces director del IFA, Francisco Mencía, firmaron un convenio de colaboración para la concesión de la ayuda, que fue concedida el 26 de noviembre de 2003.
"ACUERDO DE VOLUNTADES"
Finalmente, Inverjaén "emprendería los trabajos de consultoría con la certeza de que le serían abonados por la Junta, a pesar de que carecía de los necesarios medios para ello, lo que le abocó a tener que subcontratar a otra empresa de Madrid que recibió 97.076,98 euros" por los trabajos realizados, "aunque no ha quedado acreditado si dicha cantidad se refería a los estudios concretos en relación al Grupo Empresarial Raal u otros encargos que Inverjaén hubiera podido realizarle". De esta forma, Inverjaén "obtendría un beneficio neto de 152,923 euros después de pagar a la subcontrata".
Además, y según la juez, "nos encontramos con la calificación como 'subvención' de un compromiso patrimonial que debería tener naturaleza contractual, y ello solo puede ser así porque se trata de un acuerdo de voluntades entre dos partes --Trabajo e Inverjaén Consultores-- a través del cual una entidad --Inverjaén-- se obliga a desarrollar una actividad singular --estudios de viabilidad de Raal 2000-- a cambio de un precio que va a ser abonado por parte de la Administración --por lo que existe un interés patrimonial-- y donde el contratado buscará un beneficio".
"No cabe llamarlo de otra manera, estamos ante un contrato de servicios", asevera la juez, que añade que, "visto el éxito y los beneficios obtenidos", Inverjaén realizó un nuevo intento de obtener dinero público en base a una nueva propuesta de colaboración de fecha 15 de julio de 2003 "que es un corta y pega de la anterior".
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