En el escrito de demanda, al que ha tenido acceso Efe, la representación legal del hombre, que fue arrestado junto a otros 16 supuestos miembros del grupo en una operación que permitió liberar a 31 mujeres, pide al juzgado instructor que investigue a "todas" las personas que han intervenido en las diligencias ante la presunta autoría de un delito de revelación de secretos.
Éste se habría producido a partir de ciertas filtraciones a los medios de comunicación que señalaban que una de las armas halladas durante el registro practicado con motivo de esta operación contra la trata de mujeres en la vivienda de J. M. C, en concreto en su jacuzzi, se correspondería con la que se empleó para asesinar al empresario italiano Guiseppe D'Amico.
El cuerpo del conocido empresario de 57 años fue encontrado el 17 de septiembre de 2006 maniatado en el patio interior de su vivienda de Pechina (Almería) con varios disparos y fracturas cuya autoría, por el momento, no ha podido ser esclarecida.
La filtración "es especialmente grave", dice en su escrito la defensa de J. M. C, por crear "un evidente peligro para su seguridad e incluso para la de su familia, que puede verse agredida ante una reacción incontrolada de los familiares" del fallecido "que entiendan que existe alguna relación" entre el asesinato y el detenido "lo que se niega aquí expresa y contundentemente".
Su denuncia se registró el jueves en el Juzgado Decano para su remisión al Juzgado de Instrucción 2 de Almería, a cargo de las investigaciones sobre la presunta red liderada por J. M. C. y su pareja, quienes ingresaron a finales de la pasada semana en prisión acusados de delitos de blanqueo de capitales y relacionados con la explotación sexual, entre otros.
Se calcula que la creación de empresas instrumentales, la amortización anticipada de préstamos bancarios y las inversiones inmobiliarias reportaron en los últimos dos años unos beneficios superiores a los doce millones de euros al grupo, que contaba con trece empresas tapadera y con un ex director de banco como integrante ocupado del blanqueo del dinero.
La operación, que proseguirá previsiblemente por otras zonas costeras de España, entre ellas Tenerife, permitió liberar a 31 víctimas de este grupo y se saldó con la intervención judicial de 35 inmuebles entre pisos, chalés y fincas, gran parte de ellas situadas en Almería y en Tenerife.
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