La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha exigido este jueves al Ministerio que el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud tenga una memoria económica y de financiación de los medicamentos global y que se establezcan tramos autonómicos para la rebaja del precio de los tratamientos.
La consejera ha explicado a los medios de comunicación a su entrada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que Andalucía exige que en el proceso de financiación se establezcan unos tramos por cada autonomía de modo que las facilidades económicas que da el Ministerio en función del número de tratamientos aplicados beneficien a todas las regiones y no únicamente a las que tarden más en incorporarse a la medicación.
Como los primeros tratamientos que se aplican cuestan más y a medida que se van poniendo el coste de cada uno disminuye, Andalucía demanda que esa rebaja de coste sea según lo que ha aplicado cada autonomía y no que las autonomías que se han anticipado para aplicar los tratamientos tengamos que pagar más cara la medicación.
2.500 TRATAMIENTOS DESDE PRIMEROS DE AÑO EN ANDALUCÍA
En ese sentido, ha explicado que Andalucía es pionera y ha puesto 2.500 tratamientos desde primeros de año y no quiere que cuando se incorporen otras comunidades a los tratamientos solo ellas se beneficien de la rebaja en el coste.
"Lo contrario sería desequilibrado y haría que tal vez unas comunidades esperasen a que los tratamientos se dieran en otras y eso produciría desequilibrio", ha advertido la consejera, que se ha comprometido a "luchar" para que su reclamación sea atendida porque "el esfuerzo" que han hecho algunas comunidades por "dar los tratamientos anticipadamente no puede ser un castigo para las que más han avanzado".
Asimismo, la consejera en funciones ha recordado que serán las comunidades autónomas las que tendrán que soportar, "en solitario", los 722 millones de euros de gasto estimado para el pago de los tratamientos para unos 52.000 pacientes a nivel nacional, "un techo de gasto acordado por el Ministerio con los laboratorios farmacéuticos sin contar, una vez más, con las comunidades autónomas que somos las que tendremos que financiarlos".
Es por ello que ha matizado la importancia de que se contabilicen el total de tratamientos administrados por cada comunidad autónoma desde que los tratamientos innovadores pasaron a formar parte de la financiación pública el pasado mes de noviembre, ya que "hay comunidades, como Andalucía, en la que se están prescribiendo este tipo de fármacos desde el primer momento, e incluso antes de que estuviesen incluidos entre los financiados por la sanidad pública".
La responsable andaluza también ha aprovechado su intervención para reiterar el compromiso que tiene Andalucía con estos enfermos y ha subrayado que se continuará dando tratamiento "en cualquier circunstancia", "independientemente de que haya cobertura económica o no por parte del Ministerio", ha incidido.
"Lo tendremos que hacer en solitario como parece ser que va a ocurrir ya que no hay fondo estatal", ha advertido la consejera que ha añadido que, en cualquier caso, se adherirá a las facilidades de financiación previstas por el Gobierno central.
INDICACIÓN POR PARTE DE LOS ENFERMEROS
Por otra parte, sobre la ratificación del decreto que regula la indicación y autorización de dispensación de medicamentos por parte de los enfermeros, Sánchez Rubio ha señalado que en Andalucía se lleva aplicando desde hace siete años y ha pedido que, como ocurre en la región, "se respete el papel de cada uno de los profesionales, médicos y enfermeros".
En este punto, ha insistido en que la indicación enfermera debe hacerse "en los mismos términos" que los que se hace en Andalucía y ha defendido que "se debe oír a los colegios profesionales de enfermeros y de médicos" y que es "importante aunar la definición y competencias de ambas profesiones".
UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA
Por otro lado, sobre la ratificació del decreto de 2012 por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, Sánchez Rubio ha reiterado su oposición al desarrollo del mismo porque "rompe con la universalidad del sistema".
"No estamos en absoluto de acuerdo con el criterio vinculado al aseguramiento sino que hay que garantizar la asistencia universal chicos cuando salen fuera y vuelvan o las personas que cumplan los requisitos", ha dicho la responsable andaluza, que también ha pedido al Ministerio que derogue el mismo.
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