La red, dedicada a la introducción de ciudadanos extranjeros de forma ilegal en territorio español, previo pago de una cantidad de dinero cercana a los 8.000 euros, aportaba además, cobertura aparentemente legal a los mismos, mediante la elaboración fraudulenta de documentos oficiales de España. En concreto, se trataba de certificados de empadronamiento o residencia por los que cobraban cantidades de entre 1.000 y 1.500 euros.
Asimismo, la organización concertaba matrimonios, denominados blancos -de conveniencia-, de ciudadanos extranjeros con españoles, como medio alternativo para la obtención de la regularización.
El ahora detenido, sobre el que constan numerosos antecedentes y que tenía varias identidades, se encargaba, una vez que los inmigrantes llegaban al territorio nacional, de encerrarlos en domicilios hasta que la familia pagase para su puesta en libertad.
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