La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por el retraso que, según afirma esta ONG, se está produciendo en el pago, por parte de la Junta de Andalucía, de las prestaciones que les corresponden a las familias de acogida de Córdoba, que "no las perciben desde el pasado mes de diciembre de 2014".
Según ha informado APDH-A, "entre 150 y 180 familias de acogida cordobesas llevan sin cobrar la prestación de manutención de los menores que tienen acogidos, según datos de la propia Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía", y "desde la Consejería se achaca el retraso a un problema burocrático-informático, que a día de hoy no está resuelto y amenaza con afectar también a la mensualidad de marzo".
La situación, según se ha señalado desde APDH-A, "es especialmente grave, ya que la señalada prestación se concede a las familias de acogida que están en una situación socioeconómica más desfavorecida. Es decir, que está afectando a aquellas familias cordobesas que hacen el especial esfuerzo solidario de acoger a menores que se encuentran en situación de desamparo, a pesar de que a duras penas pueden llegar a fin de mes".
En muchas ocasiones son abuelos, tíos o hermanos que asumen la guarda de sus familiares menores de edad, que no pueden ser atendidos por su padres o madres por distintas circunstancias.
Los afectados se han puesto en contacto con APDH-A poniendo de manifiesto que este retraso "está suponiendo un verdadero quebranto para la ya de por sí maltrecha economía familiar, imposibilitando responder a todas las obligaciones de pago corrientes básicas (suministros de agua, electricidad o gas, alquileres, etcétera), con el correspondiente perjuicio directo que ello representa a los menores bajo su cuidado".
Ante esta situación, desde APDH-A se ha presentado la referida queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, para que "inste a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a tomar las medidas necesarias que permitan de forma inmediata el cobro por parte de estas familias de la cantidades adeudas e impidan que estos retrasos vuelvan a producirse", pues, "no puede tolerarse que la ineficacia administrativa penalice de esta manera a personas que representan un verdadero ejemplo de solidaridad y compromiso social".
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