San Fernando

El PSOE cree que Loaiza deja "pasar una oportunidad" de crear empleo con la obra del Ayuntamiento

Al no incluir cláusulas sociales en el documento de licitación de la rehabilitación que beneficien a familias isleñas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Cavada, ha lamentado que el alcalde José Loaiza haya vuelto a "desaprovechar" una nueva oportunidad para generar empleo en San Fernando con un tema que puede crear numerosos puestos de trabajo como es la rehabilitación del edificio del Ayuntamiento.

Cavada afirma que el documento de licitación de la reforma del Palacio Consistorial no contempla cláusulas sociales que permitan a quienes necesitan un empleo acceder a trabajar en los proyectos y obras relacionadas con la Administración local. Para la alcaldable socialista, Loaiza comete un "grave error" cuando repite insistentemente que el Gobierno local no puede crear empleo porque se trata de una competencia de las Administraciones central y autonómica. Cavada le advierte al alcalde del PP que el Ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, "debe plantear opciones que faciliten la contratación de las personas que peor lo están pasando en esta época de crisis y que se sitúan al borde de la exclusión social".

"Se olvida" por tanto Loaiza de que las administraciones públicas, y por supuesto la local, disponen de una herramienta fundamental como es la contratación pública. La contratación pública, máxime en situaciones de crisis, debe servir para mucho más que para la mera contratación de un producto o servicio; debe ser un instrumento al servicio del interés general para el desarrollo de una política social. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento se pueden poner en marcha medidas para incentivar la creación de puestos de trabajo en la ciudad gracias a la voluntad y gestión de un equipo de gobierno que demuestre realmente estar concienciado ante el principal problema que padece San Fernando.

En este sentido, desde el Grupo Municipal Socialista se han venido planteando a lo largo de esta legislatura varias iniciativas encaminadas a la orientación social de la contratación municipal, de forma que se potenciara la creación de empleo de isleños e isleñas, especialmente de quienes peor lo están pasando, a través de los contratos de obras y servicios municipales. Así, se han propuesto mociones en los plenos de abril de 2012, enero de 2013 y enero de 2014 que planteaban la inclusión de cláusulas sociales que fomentaran la contratación de personas en desempleo de San Fernando de diferente forma. La primera propuesta proponía la inclusión de estas cláusulas en los criterios de valoración; la segunda, se planteaba mediante la introducción de condiciones especiales de contratación; y la tercera, se planteaba la utilización de este instrumento al servicio del interés general mediante la incorporación de cláusulas sociales de contratación en el propio objeto del contrato público, complementado con una reserva del presupuesto municipal para este tipo de contratación y con la creación de una bolsa de trabajo baremada en función de la situación socioeconómica. "Desgraciadamente, las tres propuestas fueron rechazadas por los partidos que componen el Gobierno municipal".

Con relación a la reforma de la Casa Consistorial, Patricia Cavada explica que se trata de la mayor obra que se va a realizar en San Fernando, con un presupuesto que supera los 13 millones de euros, y en las cláusulas sociales del documento para las empresas interesadas no se contemplan medidas favorecedoras para l@sdesemplead@s de la ciudad, como tampoco en las subcontrataciones.

“Esto demuestra nuevamente que Loaiza olvida a los catorce mil desempleados que suma San Fernando –afirma Cavada- dejando atrás sus promesas.Desde el PSOE consideramos que debemos aprovechar la oportunidad para que repercuta en la creación de empleo en San Fernando”, asevera la candidata socialista, que cree que el pliego de condiciones debe ser modificado para incluir medidas en este sentido, y que para la formación socialista se traduce en las siguientes propuestas: Creación de una bolsa de trabajo donde quede reflejada la cualificación profesional y la situación socioeconómica de las personas desempleadas con residencia en San Fernando; establecimiento de una reserva de un porcentaje del presupuesto de ejecución de obra de reforma del Ayuntamiento para que en los contratos se prevea la incorporación de una cláusula social dirigida a la creación de empleo de personas desempleadas residentes en San Fernando en riesgo de exclusión social; y en los expedientes de contratación incluidos en la reserva de mercado anteriormente indicada se deberá incluir que objeto del contrato es la inserción laboral de personas desempleadas con residencia en San Fernando, en riesgo de exclusión social, inscritas en la bolsa de empleo creada a tal fin y según el orden de prelación establecido, a través del contrato de obra o servicio.

Con la inclusión de esta cláusula social en la definición del contrato se elimina toda duda de limitación de la libre competencia, y la totalidad de las empresas que participaran en la oferta pública de contratación serían conocedoras del fin último del contrato, estado sujetas a la misma obligación en caso de obtener el contrato

La portavoz socialista se dirige al alcalde para advertirle que “en su mano está modificar el pliego de condiciones que hemos aprobado los grupos políticos incluyendo al PSOE como gesto de voluntad dada la necesidad de afrontar la rehabilitación de una vez por todas”, y le exige que “no mienta más a los isleños e isleñas que sufren el drama del desempleo, adoptando medidas de verdad para paliar este problema en todas las actuaciones municipales, especialmente en las de la envergadura del edificio consistorial por lo que ello supone de volumen”.

Patricia Cavada insta al alcalde Loaiza a aprender de las políticas sociales del PSOE demostradas por la presidenta de la Junta Andalucía, Susana Díaz, cuando en el pasado debate sobre el estado de la comunidad, garantizó el compromiso del gobierno andaluz de incorporar las cláusulas sociales –a partir de 2015- para alcanzar una contratación pública responsable.

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