El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción parcial porque la lucha que ha liderado durante mil días junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales, ha provocado que el Gobierno haya tomado, finalmente la decisión de eliminar las tasas judiciales para las personas físicas. Lo hizo justo al día siguiente en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmara durante el debate del estado de la nación la noticia de que el colectivo de los abogados estaba esperando como agua de mayo, que en las últimas semanas era un secreto a voces. El decano del Colegio de los Abogados de Jerez, Marcos Camacho, confió ayer en que la supresión de estas tasas judiciales se materialice en los próximos días, como así lo ha trasladado el propio ministro de Justicia, Rafael Catalán, que apuntaba incluso a que este asunto estaría resuelto antes de finales de febrero. “Esperemos que la eliminación sea inminente y que la supresión no sólo sea para las personas físicas sino también para las pymes”, indica, en relación a la petición que ha realizado el Consejo General de la Abogacía.
En el caso de Jerez, indica Camacho, la entrada en vigor de las nuevas tasas hace ya más de dos años, se ha traducido en un descenso en un 30% del número del volumen total y habitual de las apelaciones y recursos iniciales de los procedimientos. Un efecto disuasorio que ha respondido al “ánimo recaudatorio” del Estado al aprobar esta ley, que imponía un coste añadido que ha reducido la litigiosidad a base de los perjuicios que les ha supuesto a los jerezanos el tener que renunciar a emprender acciones legales por no poder hacer frente al pago de las tasas. Sin embargo, para los abogados la batalla no acaba aquí, ya que, como señala el representante de los letrados jerezanos, que se concentraron en varias ocasiones por este asunto, “debería retirarse la ley en su totalidad y estudiar pero con el debido consenso hacer algo al respecto”, concluye.
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