La candidata de IULV-CA al Parlamento por Córdoba en las elecciones del 22 de marzo y exconsejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado este miércoles que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "está investigando los incumplimientos de las entidades financieras del Código de Buenas Prácticas Bancarias", denunciados por dicho departamento de la Junta cuando estaba dirigido por IULV-CA, por si fueran constitutivos de delito.
Según ha explicado, la investigación puede afectar a todas las entidades que operan en Andalucía y están sujetas al Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria pero de obligado cumplimiento.
Ante ello, Cortés, que ha expresado su "total desconfianza" en que los socialistas "den continuidad" a las políticas contra los desahucios impulsadas por IULV-CA, ha exigido al PSOE-A "que colabore con estas actuaciones y defienda el derecho a la vivienda de las familias frente a las agresiones del poder financiero".
En esa línea, ha afirmado que IULV-CA será "garantía del mantenimiento del trabajo de las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, donde se han detectado los incumplimientos". "Frente a la sumisión del bipartidismo a la banca, IU garantiza la defensa del derecho a la vivienda y de los derechos de los consumidores", ha apostillado.
IULV-CA ha recordado que la Consejería de Fomento presentó ante la Fiscalía del TSJA el 11 de diciembre de 2014, cuando todavía estaba dirigida por Cortés, una denuncia por el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias recogido en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de Medidas Urgentes de Protección de Personas sin Recursos, y su posterior modificación con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social.
El escrito presentado se basaba en el incumplimiento masivo de dicho Código, de adhesión voluntaria pero cumplimiento obligatorio, detectado por Fomento y Vivienda en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un servicio público y gratuito de prevención, intermediación y protección ante los desahucios que en sus dos primeros años de funcionamiento logró evitar más de 6.000 desalojos.
Cortés ha explicado que, en dichas oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, los trabajadores públicos que las atienden han detectado "incumplimientos y malas prácticas de todo tipo por parte de las entidades financieras". Entre ellas, ha citado "demoras injustificadas en la respuesta a las solicitudes de los particulares; negativas a recepcionar formalmente la documentación presentada por los afectados por procesos de desahucio; negativas a facilitar las copias selladas de los escritos; ausencia de motivación detallada de las declaraciones de inviabilidad de la reestructuración, dificultando posibles alegaciones, o exigencia de documentación no preceptiva a los afectados y los avalistas".
También, según ha agregado la exconsejera, se han dado otras "malas prácticas" como la "repercusión a los particulares de gastos de formalización de las nuevas escrituras; ofrecimiento de nuevos productos, como seguros, como requisito para acceder a la reestructuración, o entrega de información confusa sobre las reestructuraciones, impidiendo a los afectados conocer datos tan importantes como el importe de la cuota mensual".
"Los bancos ofrecen poca información y la que ofrecen suele estar sesgada, cuando no es directamente engañosa", ha denunciado Cortés, que ha recordado que los trabajadores del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda realizan un trabajo "exhaustivo y sacrificado" para atender a familias "desesperadas y en muchas ocasiones en situación de desánimo y ansiedad".
Por todo ello, ha considerado que la Consejería de Fomento y Vivienda, ahora dirigida por el PSOE-A, "debe dar continuidad a la línea de denuncia y exigencia abierta por IU en defensa del derecho a la vivienda", ya que eso "no es compatible con decirle a los bancos a todo que sí, como está acostumbrado el PSOE-A".
La denuncia fue presentada desde la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla, que había detectado incumplimientos de Banco Santader, BBVA, Bankia, CaixaBank, Banco de Galicia, Banco Pastor, Mare Nostrum, Popular, Sabadell, Caixa Catalunya, Unicaja, BBK-Cajasur y Citibank, entre otras entidades financieras. Esta denuncia se sumaba a otra presentada por los mismos motivos por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, también cuando estaba dirigida por IU, ante la Fiscalía Provincial contra BBK-Cajasur, CaixaBank, Bankia y Banco Popular.
"Al ser la investigación abierta por la Fiscalía del TSJA, la misma afecta a los incumplimientos detectados en las ocho provincias, que incluyen al conjunto de las entidades financieras que operan en Andalucía", ha señalado Cortés.
Ante la denuncia presentada el 11 de diciembre, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ordenó el inicio de las actuaciones de investigación mediante un decreto de apertura firmado el 13 de enero. "Instamos al PSOE a hacer los deberes en la Consejería y a facilitar a la Fiscalía el ingente caudal de información detallada sobre incumplimientos que hay en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda", ha manifestado Cortés, que ha señalado que desde su ruptura unilateral del Gobierno andaluz "el PSOE-A ha vuelto a las andadas, siendo siempre fuerte con el débil y débil con el fuerte, exactamente lo contrario de la línea llevada por IU".
Cortés también ha destacado que "en sólo un mes el PSOE-A ha dilapidado toda la credibilidad de la política de vivienda en Andalucía, tan laboriosamente trabajada por IU durante casi tres años". "En cuanto se han quedado a solas le han quitado 15,5 millones a las barriadas vulnerables, con total opacidad y justificándose con mentiras hasta que finalmente lo admitieron cuando estaban entre la espada y la pared", ha ejemplificado.
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