La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha celebrado este lunes sesión extraordinaria de Claustro en la que los asistentes han validado por mayoría absoluta --63 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones-- la declaración institucional que ya aprobó el Consejo de Gobierno de la institución el pasado 11 de febrero y que se posiciona contra los términos del recientemente aprobado decreto de reordenación de los Grados universitarios --el llamado '3+2', que faculta a las universidades para aplicar un modelo con tres años de Grado y dos de Máster--.
Aunque el rechazo al decreto ha sido prácticamente unánime, los alumnos, según ha precisado a Europa Press el delegado general del Consejo de Estudiantes (Ceupo), Ignacio Hernández, han presentado un voto particular, en tanto que "no era la declaración que nosotros hubiésemos hecho, aunque entendíamos que no tocaba abstenernos".
Con todo, Hernández considera que el acuerdo supone un "acuerdo de mínimos", poco más que una "declaración de intenciones" ante la cual los estudiantes piden que "no solo se quede en eso, sino que se actúe en consecuencia de forma activa" y que a la hora de tomar decisiones se apueste por "suscribir y llevar a la práctica lo aprobado".
Como "matizaciones", el delegado general del Ceupo ha apuntado que no se recoge nada en el texto sobre el "pésimo" sistema de becas y las "elevadas" tasas de expulsión estudiantil como efecto del pago de las tasas. Asimismo, expresa sus dudas sobre la "voluntariedad" de la medida en el sentido de que, "haciendo una analogía con la prueba de Selectividad, vemos que solo se busca, bajo la excusa de la autonomía universitaria, enfrentar a los rectores y a las universidades públicas entre ellas y generar discordia".
Por último, Hernández ha criticado que se haga referencia a la empleabilidad, puesto que "supone entrar en el juego planteado por el Ministerio y darle la razón al debatir con los mismos términos del Gobierno", toda vez que los alumnos ponen la mira no solo en este aspecto, sino en "cómo se ataca a la formación integral de la persona".
ENCARECIMIENTO DE ESTUDIOS Y "DESCAPITALIZACIÓN" HUMANA
La declaración abunda en que la fórmula del '3+2' supone "claramente" encarecer los estudios y se abunda en la "descapitalización" de personal. La misma se ha tramitado "desoyendo la voz de las universidades", el informe negativo emitido por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en el Consejo de Universidades y del Consejo de Estado, así como otros documentos aportados por la CRUE que "evidencian los efectos nocivos de esta modificación, tanto por el alcance de las medidas que recoge como por la inmediatez con la que se quiere proceder a su implantación".
Entiende la sede académica que el cambio, en su caso, en la estructura de los estudios universitarios "debiera sustentarse en una evaluación seria y rigurosa de los resultados obtenidos tras los egresos de las primeras cohortes de estudiantes del actual sistema '4+1'". Además, "en aras de una adecuada convergencia con otros países", dicen que debería tenerse en cuenta la evolución actual de los modelos implantados en el Espacio Europeo de Educación Superior, "pero también de otros modelos en todo el mundo: hay evidencias de que países europeos están estudiando pasar los Grados de tres a cuatro años".
Asimismo, explican que se establece el carácter voluntario del '3+2', "lo que desdice la pretendida convergencia con el Plan Bolonia --ya que solo convergerían las universidades que lo implanten--, escenario que dificultaría la movilidad internacional de los estudiantes". Por otro lado, "constituye un riesgo real de divergencia entre universidades españolas, con los problemas de movilidad nacional que ello supondrá".
"Con el sistema actual de tasas y precios públicos, el coste de estudiar un año de postgrado es como mínimo el doble que el de un año de grado", subraya la UPO, agregando que ello "atenta contra la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la universidad, porque aumenta el riesgo de que pueda haber muchos estudiantes que por exclusivas razones económicas queden fuera".
También considera la institución que esta propuesta menoscaba la calidad de las enseñanzas de Grado al reducir los planes de estudio y favorecer contenidos "excesivamente ambiguos", en detrimento de la apropiada formación general y especializada del estudiante.
Por todo ello, se entiende que "asistimos a un paso más en el proceso de ataque y debilitamiento del sistema público de Enseñanza Superior". Con todo, y "sin perjuicio de lo anterior, seguimos insistiendo en la necesidad de abrir espacios de diálogo con el Gobierno para encontrar, entre todos, la mejor forma posible de ordenación de los estudios universitarios oficiales, sin que se vean afectados los recursos humanos y materiales".
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