La Guardia Civil ha dado por concluido en torno a las 14:00 horas, seis horas y media después de su inicio, los registros llevados a cabo hoy por requerimiento judicial en la Diputación de Huelva y las dependencias del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE).
Esta investigación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino (Huelva) que instruye una causa derivada de la denuncia que, hace ahora un año, interpusieron dos particulares con relación a posibles irregularidades en contrataciones a un trabajador en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, dependiente de Alosno (Huelva), con cargo a fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
Los agentes de la Policía Judicial han sacado de la Diputación de Huelva diferentes cajas con documentación que ahora tendrá que ser analizada con más detenimiento, en el marco de las diligencias judiciales que se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.
La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas del PFEA y si éstas se han podido destinar a otros fines.
El portavoz de la Diputación de Huelva, José Martín (PSOE), ha asegurado que "la Diputación respeta y colabora con la Justicia, como ha venido haciendo siempre" y ha añadido que los técnicos "están a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para facilitar aquella documentación que se nos solicite".
Además, ha especificado que "no se trata de un programa de la Diputación, sino de la ELA", añadiendo que "la Diputación no tiene ningún problema. Nuestro trabajo se ha hecho de manera absolutamente pulcra, y no nos cabe ningún otro papel más allá que ponernos al servicio de la Justicia".
Por su parte, en rueda de prensa, el portavoz de IULV-CA de la Diputación de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha precisado que ante lo sucedido hoy es necesaria la "prudencia" porque "no se puede analizar el tema sin conocerlo con exactitud, ya que serán los jueces quienes establezcan lo que está pasando" y ha deseado que "detrás de esto no esté pasando nada, y determinación para que se deje actuar a quien tiene que actuar y que se depuren responsabilidades".
Mientras, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha mostrado su preocupación por la "gravedad" de la intervención y ha precisado que "debe ser un motivo de mucho calado, de mucha trascendencia jurídico-penal, cuando el edificio de la Diputación ha estado tomado literalmente por las fuerzas de seguridad y además no se ha dejado entrar a trabajar a los funcionarios".
Ha exigido al presidente de la Diputación Provincial de Huelva y secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo que "dé la cara y una explicación clara a todos los onubenses.
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