El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña, asegura que tiene "las manos limpias y la conciencia tranquila" tras la admisión a trámite de la ampliación de una querella de Urbanos Amarillos que ha conllevado su imputación y la de otras 12 personas entre delegados municipales y técnicos del Consistorio. A su juicio, se trata de una estrategia de la empresa para "coaccionar las decisiones de los políticos" en el proceso de liquidación de la misma que se está negociando.
A preguntas de los periodistas sobre el asunto, Saldaña ha explicado que la querellante tiene una "larga tradición de intentar influir y meter temas de gestión en los procesos electorales", recordando que ya lo hizo "de la mano de la anterior alcaldesa socialista" --por Pilar Sánchez-- en las elecciones municipales de 2011.
Apunta que esto es una ampliación de la querella presentada "hace poco" por la empresa tras la decisión que adoptó el Ayuntamiento de secuestrar en un primer momento el servicio de autobuses porque "no estaba funcionando y había huelgas importantes", optándose finalmente por "una solución que plantea la ley que es la del rescate" del servicio.
Explica que esto supone que "hay que liquidar con la empresa la prestación del servicio", lo que "se lleva tiempo negociando" por parte de los responsables técnicos. Destaca que todo se hizo "con un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) favorable en relación a los procedimientos que siguió el Ayuntamiento".
Opina que, en el marco de esa negociación, la empresa ha optado por una "mala praxis" y recurrir a la vía penal para "incidir en la negociación de los técnicos de la liquidación".
Recuerda que la querella inicial no le incluía a él ni a otros tantos responsables del Consistorio y sí a la alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), que incluso "renunció a su condición de aforada" para acudir a declarar en sede judicial.
Sostiene que "la jugada no le salió bien" a la empresa entonces y, por ello, ha optado por ampliar la querella incluyéndole a él como máximo responsable del Ayuntamiento tras la alcaldesa, a tres delegados municipales más y a técnicos como medida de "presión".
Deja claro que es la empresa la que les atribuye la comisión de los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, prevaricación y administración desleal y que el juez se ha limitado a "admitirlo a trámite y citarnos a declarar para aclarar los hechos".
Insiste en que es "más una medida de presión en la negociación que algo que tenga un fundamento querellable", destacando en este punto que, en lo que a él respecta, ni siquiera tiene "competencias en materia de movilidad".
Asimismo, se pregunta cómo es posible que la empresa no incluyera los delitos a los que alude ahora en la querella inicial si entiende que se han cometido. También indica Saldaña que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de recurrir la admisión a trámite de la ampliación de la querella.
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