La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha registrado durante el pasado año un total de 2.510 solicitudes de arbitraje, incrementándose de este modo en casi un doce por ciento su actividad con relación a 2013 (2.219 solicitudes).
Este sistema alternativo de resolución de conflictos es cada vez más utilizado por las personas consumidoras y usuarias debido a que están más y mejor informadas y mantienen una actitud más crítica frente a actuaciones de abusos o incumplimientos de empresas, según señala en una nota la Administración andaluza.
A través de la Junta Arbitral se ayuda a las personas afectadas a buscar una solución definitiva a sus conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial, actuando en primer lugar como mediadora entre las partes. Si la mediación no da resultado, un tribunal arbitral imparcial y con conocimientos en la materia decidirá quien lleva la razón.
En este sentido, cada vez son más las empresas y profesionales que apuestan por la mediación y el arbitraje de consumo en el marco del compromiso de calidad y garantía de buen servicio que ofrecen a sus clientes. Así, durante el pasado año se han adherido 34 nuevas empresas elevándose el total en Andalucía a 3.081, entre las que se encuentran las principales empresas como Endesa, Iberdrola, Telefónica, France Telecom, Vodafone, Yoigo, Gas Natural, Correos, Renfe y otras.
Por sectores, la mayor demanda del servicio se produce por conflictos relacionados con las telecomunicaciones y, en concreto, la telefonía, con 1.712 solicitudes, motivadas principalmente por incumplimiento con las condiciones ofertadas como la cobertura, las tarifas promocionales, la facturación indebida y otras.
El segundo lugar lo ocupan las compañías eléctricas, con 614 peticiones, en su mayoría provocadas por daños por subidas de tensión o cortes del suministro, así como discrepancias en la facturación y aumento de tarifas.
Las academias de enseñanzas privadas, por su parte, con 614 solicitudes, ocupan el tercer lugar en la demanda de arbitraje para solucionar asuntos relacionados sobre todo con el incumplimiento de las condiciones indicadas de forma verbal.
Una gran parte de las solicitudes de arbitraje (68%) se han presentado directamente en órganos de las administraciones públicas mientras que el cinco por ciento lo ha hecho a través de las asociaciones de consumidores. Asimismo, un 27 por ciento ha hecho las gestiones directamente con medios propios.
De las presentadas en los registros públicos de las distintas administraciones, el 74 por ciento han sido admitidas al cumplir todos los requisitos y el 16 por ciento inadmitidas por incumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente como ser persona consumidora final, no existir indicios de delito y no haberse dirigido a otra instancia judicial o administrativa, entre otros.
Asimismo, el ocho por ciento han sido subsanadas y admitidas posteriormente mientras que el dos por ciento restante se ha derivado a otras Juntas Arbitrales por estar más próximas al domicilio del reclamante. Una vez aceptadas, la empresa reclamada puede realizar alegaciones o proponer un principio de acuerdo, pasando al arbitraje en caso de que éste no se alcance.
Desde la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales se trabaja para alcanzar acuerdos de colaboración con las empresas y compañías en general y, de forma especial, con las que más reclamaciones acumulan. El objetivo es que siga aumentando el número de empresas adheridas a la Junta Arbitral, identificadas como tales mediante el correspondiente distintivo.
La Consejería competente en materia de Consumo Junta promueve el uso de este sistema del que se puede obtener más información en la plataforma multicanal 'Consumo Responde', las redes sociales y a través de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Pnb_sM_8zbc.
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