El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, ha denunciado hoy que el equipo de Gobierno (PP) "ha realizado en un año más de 41 modificaciones presupuestarias por valor de 47.633.744 euros", sin tener en cuenta el préstamo de 65.679.252 88 euros firmado con Cajaalmendralejo.
En rueda de prensa, Jiménez ha analizado el último informe de la Intervención municipal y ha advertido que los datos que emanan del documento no pueden ser más alarmantes porque "ponen de manifiesto la arbitrariedad y falta de respeto a las normas más elementales con que el alcalde, Pedro Rodríguez, gestiona el Ayuntamiento desde el punto de vista económico".
De esta forma IU ha alertado de las modificaciones presupuestarias que, de incluir el valor total del préstamo con Cajaalmendralejo, su montante alcanzaría "más de 113 millones de euros sobre un presupuesto municipal de 129 millones de euros".
El portavoz de IU advierte que el montante de las modificaciones presupuestarias es "casi idéntico" al presupuesto municipal, lo que demuestra que "nada tiene que ver lo que presupuesta el equipo de Gobierno con la realidad del Ayuntamiento de Huelva".
Ante este descontrol, Jiménez, candidato a la Alcaldía, ha anunciado que IU realizará una auditoría de la deuda municipal "para que afloren las facturas que hay en los cajones".
"Estamos ante un alcalde tramposo que durante casi 20 años ha estado elaborando presupuestos ficticios y a la ciudadanía hay que darle a conocer la situación real", ha señalado Jiménez.
Para muestra del proceder "caprichoso" del alcalde, un botón: Pedro Rodríguez decreta el pago de facturas que según la advertencia del interventor "incurren en fraccionamiento del objeto de contrato, superando además la cuantía de los contratos menores, no habiéndose tramitado el correspondiente expediente de contratación", tal y como marca la Ley.
Según IU, son una cincuentena de facturas por valor de 2.304.925 euros las que se han tramitado por orden de la Alcaldía con reparos de intervención en el último mes de diciembre.
Los argumentos que esgrime el interventor para poner reparos a la aprobación de las facturas son variados: no se acredita el motivo del gasto, excede la cantidad de contratos menores, se fraccionan contratos, se inicia la ejecución del contrato antes de aprobar el mismo o no se tramitan en los treinta días siguientes a la presentación de la factura.
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