Después de defender su labor públicamente en repetidas ocasiones en los últimos meses, resulta que la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, había un decreto el 20 de noviembre del pasado año, por el que apartaba al concejal de Urbanismo, Pablo Moro, de cualquier decisión relacionada con el expediente del establecimiento Funky Buddha, información ocultada por la regidora hasta que ha aparecido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia estos días.
Moro está imputado por presuntos delitos de prevaricación y cohecho porque, según la acusación, ignoró expedientes sancionadores e informes técnicos que reflejaban irregularidades urbanísticas y ordenaban, primero la paralización de las obras y luego, el cierre del club de playa. Nada de eso se produjo, el local abrió todo el verano. En el proceso judicial abierto, según ha trascendido, incluso agentes de la Policía Local habrían admitido haber recibido órdenes de no actuar.
Moro, antes de su imputación, y sus compañeros del equipo de Gobierno saliendo en su defensa, después, han aludido al interés general que para Marbella suponía que una empresa privada abriera un exclusivo club en un paraje natural como la Playa de El Pinillo, como argumento para defender que se le diera facilidades al propietario del negocio.
Aparte de no poder intervenir en nada relativo a ese expediente, El concejal de Urbanismo está alejado desde hace meses de la actividad pública, no aparece en ruedas de prensa ni en otros eventos relacionados con el Ayuntamiento, ni firma comunicados, como solía hacer cuando, incluso, ejercía con frecuencia como portavoz del equipo de Gobierno.
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