El Gobierno de coalición "toca a su fin" casi tres años después de que el PSOE e IU suscribieran el llamado Acuerdo por Andalucía, un programa de 75 folios con el que los socios se comprometieron a impulsar veintiocho leyes, de las que se han aprobado dos y otras dieciséis están en tramitación.
Las leyes ya aprobadas por el Parlamento y que estaban previstas en el acuerdo -suscrito cuando José Antonio Griñán ostentaba la Presidencia de la Junta- son la de Transparencia y la de Transexualidad, ambas bajo el mandato de la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz.
El acuerdo programático firmado por el PSOE e IU recogía normativas consideradas prioritarias para la federación de izquierdas y que se han quedado en el "tintero".
Entre ellas figuran una ley integral de agricultura que diera cobertura al llamado banco de tierras; la renta básica -para garantizar unos ingresos mínimos a los más desfavorecidos-, y la creación del Ente Público de Crédito Andaluz, organismo este último que se iba a constituir este año con un capital inicial de 18 millones de euros, para lo que hay consignada una partida en los presupuestos.
La federación de izquierdas también reclamaba que se regularan de forma específica una serie de iniciativas para garantizar los denominados "suministros mínimos vitales", como el acceso a energía eléctrica y el agua imprescindible para el consumo personal y doméstico.
Pero en los casi tres años de esta legislatura, el Parlamento ha dado luz verde a catorce leyes no previstas en el acuerdo, algunas de mucha repercusión, como la llamada ley antidesahucios, recurrida por el Gobierno de la nación, y a una veintena de decretos leyes, como el de medidas urgentes para la lucha contra la exclusión social.
La Cámara autonómica ha aprobado también la normativa reguladora del Consejo Andaluz de Concertación Local, la dirigida a reducir las trabas administrativas para la empresas, y las que modifican las leyes que regulan la investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro y la de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, entre otras.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha enviado al Parlamento en este periodo otros catorce proyectos de ley que no podrán ver la luz en esta legislatura, de los que dos de ellos se aprobaron el pasado martes en la última reunión del Ejecutivo de coalición y que han sido impulsados por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, presidida por Izquierda Unida.
Se trata de las leyes de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, permite a la Junta la "ocupación" de terrenos privados de interés para la exhumación de fosas y obliga a las instituciones a retirar todos los símbolos del Franquismo, y la de protección de los derechos de los consumidores para la contratación de créditos hipotecarios sobre la vivienda, que fija sanciones para los bancos que impongan cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas.
En tramitación parlamentaria se encuentra también, entre otras, la Ley del Deporte de Andalucía, mientras que el Consejo de Gobierno tenía previsto remitir próximamente los proyectos de ley de Participación Ciudadana; de medidas contra el fraude fiscal; de Servicios Sociales; de la Juventud, y del Mecenazgo, junto a otras normativas.
Pero el Gobierno andaluz aún no había enviado al Parlamento otras iniciativas destacadas como la de fiscalidad ecológica o la ley contra el cambio climático, y tampoco se ha podido abordar la reforma de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que pretende reforzar la tarea de control de esta institución, ni del Defensor del Pueblo, entre otras.
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