El exalcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) Enrique Moresco (PP) ha destacado su "disposición a colaborar con la justicia" antes de declarar como imputado por un caso de presunto urbanismo ilegal. También han pasado por el juzgado como imputados los antiguos responsables de Urbanismo Patricia Ybarra y Diego Muñoz, quienes sostienen que siempre han actuado conforme a la legalidad.
Moresco, que ha prestado declaración durante aproximadamente una hora, ha declinado atender a los periodistas a su salida del Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto, limitándose a decir a la entrada que estaba "deseando colaborar con la justicia y que se acabe esto".
Por su parte, la actual edil de Personal y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento portuense, Patricia Ybarra, ha prestado declaración durante unos 15 minutos. Antes de hacerlo, indicaba que hay "poco que aclarar", ya que "nos hemos limitado a firmar los decretos que nos presentaban". Asimismo, ha añadido que tiene "la conciencia tranquila" al haber "actuado siempre conforme a la legalidad".
Tras unos diez minutos en la sala, Muñoz ha manifestado que, a la vista de las preguntas que se le han planteado, entiende que ha sido citado "para una testifical con garantías" y dice estar "convencido" de que "se sobreseerá la causa". Sobre su caso concreto, señala que ha sido llamado en referencia a un expediente en el cual había un decreto que "aparece sin firma".
Al respecto, ha aludido a la abundante cantidad de documentación que recibía diariamente para firmar y dice "desconocer absolutamente" si dicho decreto se le pudo pasar o si realmente no se lo pasaron para firmar. En cualquier caso, recalca que su citación responde a la existencia de un documento que no está firmado por motivos que dice desconocer, pero "no por ningún acto administrativo ni por ningún tipo de licencia que haya otorgado de manera torticera".
Por ello, está convencido de que las actuaciones se van a archivar en lo que se refiere a su persona, ya que "no hay ningún tipo de base".
Cabe recordar que el caso fue abierto a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz en el año 2012, aludiendo a posibles delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
A juicio de los denunciantes, existía "dejación" por parte del Ayuntamiento portuense en lo que respecta a la inspección urbanística, a paralización de obras sin licencia, exigencia de reposición de la realidad física alterada y a la apertura y conclusión de expedientes sancionadores.
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